El Ejecutivo envió al Congreso una Mega Ley financiera
La Ley de Competitividad Financiera legaliza la tokenización de activos, crea un registro federal de garantías, flexibiliza el mercado bursátil e incorpora criptos, software y cosechas futuras como respaldo.
En lo que constituye una de las iniciativas económicas más ambiciosas de la actual gestión, el Poder Ejecutivo elevó a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Competitividad Financiera.
Se trata de un compendio de 240 artículos diseñado para reestructurar de manera integral la arquitectura legal del crédito, los mercados de capitales y las garantías en la Argentina.
La propuesta, firmada por el presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva y el jefe de Gabinete Diego Santilli, ingresó al Parlamento con cuatro giros de comisión: Legislación General, PyMEs, Finanzas y Presupuesto y Hacienda.
Según consigna el mensaje de elevación firmado por el Ejecutivo, la norma persigue el objetivo explícito de "eliminar restricciones injustificadas que obstaculizan el acceso y el ejercicio de actividades económicas, promover la libre competencia y profundizar la seguridad jurídica".
En la práctica, la meta oficial pasa por bajar drásticamente los costos de transacción, democratizar el financiamiento privado y adaptar la legislación civil y comercial a los paradigmas de la economía digital.
Un eje central del proyecto radica en la digitalización absoluta de los títulos valores mediante el principio de neutralidad tecnológica. La ley otorga reconocimiento legal expreso a la tecnología de registro distribuido (como blockchain) y formaliza la tokenización de activos.
Asimismo, el texto revoluciona la operatividad de pagarés y letras de cambio: habilita cláusulas de actualización por índices objetivos y permite la emisión de pagarés saldables directamente con la entrega de bienes fungibles, como granos o minerales, emulando el exitoso modelo de la Cédula de Producto Rural aplicada en Brasil.
En el plano operativo, la iniciativa amplía la negociación bursátil de cheques de pago diferido y certificados de plazo fijo, e introduce una figura novedosa para comercios: la obligación de transformar las ventas con tarjeta de crédito en títulos valores electrónicos negociables, permitiendo acceder a financiamiento anticipado más barato.
Paralelamente, se reconfigura la prenda con registro, admitiendo como garantías a los activos virtuales, derechos de autor, software, acciones y flujos de fondos futuros ("prendas flotantes").
Para sostener esta estructura, la reforma prevé la creación del Sistema Federal de Registro de Garantías, una red única, nacional e interoperable bajo la órbita del Banco Central donde los gravámenes se inscribirán con precisión de fecha, hora, minuto y segundo.
El mercado de capitales y la industria de fondos comunes también sufrirán transformaciones profundas.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) asumirá la regulación y supervisión formal de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), permitiendo además que los Fondos Comunes de Inversión (FCI) incluyan criptoactivos dentro de sus carteras reguladas.
A esto se suma un esquema renovado para Agentes de Financiamiento Colectivo (crowdfunding), la flexibilización en la emisión de Obligaciones Negociables y mejoras operativas en la Factura de Crédito Electrónica MiPyME, cuyo plazo de aceptación tácita se extenderá de 15 a 21 días.
En materia fiscal y administrativa, el proyecto elimina beneficios tributarios para los CEDEAR adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026 para evitar arbitrajes sobre activos externos, deroga la obsoleta legislación de sociedades de ahorro y pasa la tutela de las SGR al Banco Central.
Bajo la premisa de "transformar capital muerto en garantías vivas", el Gobierno busca abrir una nueva era de crédito privado en el país.
Redacción RPD Noticias
