Denuncian a Nación por retener fondos millonarios del FET
Un funcionario nacional fue denunciado penalmente por demorar injustificadamente más de 97 mil millones de pesos destinados a obras, salud y producción para miles de familias tabacaleras en Misiones.
Una grave denuncia penal ante la Justicia Federal ha sacudido al sector agropecuario misionero, revelando una presunta maniobra de asfixia financiera que golpea al corazón de nuestras chacras.
La presentación judicial apunta directamente contra la inacción y las presuntas irregularidades administrativas del Gobierno nacional en la gestión y liberación de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET), un capital que por ley pertenece a las provincias productoras y que hoy se encuentra estancado en los despachos de la Capital Federal.
La acción judicial fue impulsada por el diputado provincial y referente histórico del sector tabacalero por el Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor “Cacho” Bárbaro.
El legislador apuntó los cañones contra Marcelo Horacio Reinoso, quien se desempeña como actual coordinador de Tabaco de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
A este funcionario se le atribuyen presuntas irregularidades sistemáticas en la gestión y aprobación de los Programas Operativos Anuales (POA).
El expediente ingresado a los tribunales federales solicita que se investigue a fondo la posible comisión de delitos sumamente graves para la administración pública: incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, omisión de actos de oficio y cualquier otra figura penal que pudiera surgir a medida que avance la instrucción judicial.
Para comprender la verdadera magnitud de este estrangulamiento administrativo, desde RPD Noticias desmenuzamos las cifras expuestas en la documentación respaldatoria que acompaña la denuncia.
El perjuicio económico y social para Misiones es alarmante: existen actualmente 30 subcomponentes de programas operativos que permanecen inexplicablemente pendientes de aprobación.
El letargo burocrático es tal que, de ese total, solamente 12 iniciativas cuentan con expedientes formalmente abiertos, representando un volumen de 74.485 millones de pesos.
Aún más grave es la situación de los restantes 18 subcomponentes, los cuales insólitamente todavía no tienen ni siquiera un número de expediente asignado en el sistema nacional, manteniendo paralizados otros 22.783 millones de pesos.
En sumatoria, el monto total de los recursos comprometidos que esperan avanzar en su aprobación supera holgadamente los 97.268 millones de pesos.
No estamos hablando de números fríos en una planilla de cálculo, sino del sustento básico de miles de colonos misioneros.
La denuncia sostiene con firmeza que las arbitrarias demoras en la tramitación, evaluación y elevación de los programas para su aprobación final comprometen recursos que son vitales para sostener la matriz productiva del tabaco.
Estas partidas, a través de los POA, son las que financian directamente los planes vinculados con las prestaciones de salud integral, la indispensable cobertura médica para las familias rurales, la asistencia productiva para las siguientes campañas, la mejora de la infraestructura comunitaria, la adquisición de equipamiento y el arreglo de los caminos rurales por donde transita la producción.
El planteo judicial pone el foco en las consecuencias que esta falta de avance administrativo puede generar sobre los pequeños y medianos productores, sumidos en un contexto inflacionario complejo.
El Fondo Especial del Tabaco no es un subsidio estatal, sino una herramienta de recaudación específica que se nutre de la venta de cigarrillos, creada como pilar para el sostenimiento de un sector que moviliza la economía del interior misionero.
Sin estos fondos, los colonos quedan desprotegidos frente al clima y los costos de producción que asedian al sector productivo local.
Finalmente, la presentación judicial exige que la Justicia Federal investigue las responsabilidades directas del funcionario apuntado, instando a los magistrados a determinar si las demoras configuran conductas penalmente relevantes.
Mientras los expedientes duermen el sueño de los justos en Buenos Aires, en las chacras misioneras crece la incertidumbre.
Las familias ven cómo los fondos que les corresponden son retenidos, poniendo en jaque su salud, su trabajo y el futuro productivo de la provincia en una temporada que no admite demoras ni excusas burocráticas.
Redacción RPD Noticias
