LIBRA: la causa que el poder quiso enterrar se niega a morir
La PIA apeló los sobreseimientos de Javier y Karina Milei y pidió reabrir la investigación que el fiscal Taiano abandonó. Rafecas tiene ahora en sus manos un expediente que incomoda al poder central.
Hay expedientes que se cierran y hay expedientes que se archivan. La diferencia no es jurídica, es moral. Un expediente cerrado es una verdad alcanzada.
Uno archivado a las apuradas es una pregunta que alguien decidió no seguir haciendo.
La causa $LIBRA pertenecía, hasta hace una semana, a la segunda categoría.
El viernes 23 de octubre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a otros nueve acusados. Lo hizo sobre una base singular: el fiscal Eduardo Taiano, titular de la acción, ya había dado por terminada su tarea. Sin acusador no hay acusación. Sin acusación, “no hay caso”. Fin de la historia.
O eso parecía.
Un jueves a las 8:26
El jueves 29 de octubre, a las 8:26 de la mañana, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó un escrito de 16 carillas. La PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, asumió el ejercicio de la acción penal que Taiano había abandonado y apeló los sobreseimientos.
La hora no es un dato menor. Es un gesto. Habla de alguien que llegó temprano a hacer lo que otro se fue temprano a dejar sin hacer.
“A criterio de este organismo, la investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba”, escribió Rodríguez. Calificó el cierre de “prematuro” y pidió la reapertura. Si el juez dice que no, el recurso de apelación en subsidio llevará la discusión a la Cámara Federal.
El escrito recayó en manos de Daniel Rafecas, que subroga el juzgado donde tramita el criptoescándalo. Un apellido que, en Comodoro Py, no suele asociarse con la comodidad del poder de turno.
Los “amigos del tribunal”
Rodríguez no actuó solo ni por impulso. Respondió a un planteo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), las dos organizaciones que participan del expediente como “amicus curiae”.
Ambas reclamaron que un organismo especializado en delitos de funcionarios públicos tomara la posta antes de que el cierre se volviera definitivo.
Conviene detenerse en esto. Fueron dos ONG, no el Estado, las que se negaron a dar vuelta la página. La sociedad civil haciendo el trabajo que la estructura formal dejó de hacer.
Y hay un antecedente que agrega espesor. En los días posteriores a la maniobra de $LIBRA, la PIA ya había abierto una investigación propia, antes incluso de que el episodio llegara a los tribunales. Sin embargo, durante el año y medio que Taiano tuvo la pesquisa, nunca le dio intervención. Pese a que ese organismo suele participar en causas que involucran a funcionarios públicos.
¿Por qué un fiscal prescinde voluntariamente de la oficina especializada en el tipo de delito que investiga? La pregunta queda flotando. Y pesa.
Del tuit al mundo
Para entender la dimensión, hay que volver a febrero de 2025. Un mensaje presidencial en redes promocionó un token. Miles compraron. En cuestión de horas, el valor se desplomó.
Unos pocos ganaron mucho. Muchos perdieron todo lo que habían puesto. No fue un error de mercado: fue un mecanismo que el mundo cripto conoce de memoria y que tiene nombre propio en la jerga de los traders.
Lo que vuelve a $LIBRA un caso de estudio internacional no es la criptomoneda en sí. Es la investidura que la impulsó.
En el mundo, la era de las “memecoins” con firma política dejó de ser una curiosidad: desde Washington hacia abajo, varios líderes descubrieron que la popularidad digital se puede tokenizar. Lo que todavía no está claro es quién responde cuando la burbuja revienta.
Argentina tiene ahora la oportunidad de dar una respuesta institucional a esa pregunta global. O de confirmar que, cuando el que promociona es el jefe de Estado, la Justicia prefiere mirar hacia otro lado.
Lo que está en juego
No se trata de anticipar culpas. El sobreseimiento puede ser confirmado, la Cámara puede darle la razón a Martínez de Giorgi, la prueba puede no alcanzar.
Todo eso es parte del debido proceso. Lo que no es aceptable es que una investigación con semejantes conexiones políticas se cierre sin haber agotado las medidas de prueba que el propio organismo especializado considera pendientes.
La causa $LIBRA dejó de ser solamente un expediente judicial. Es un termómetro. Mide cuánta distancia real existe entre la Casa Rosada y Comodoro Py.
Todo indica que esta historia, con profundas raíces en la política, todavía tiene camino en el Poder Judicial.
La pregunta es si la Justicia está dispuesta a recorrerlo. O si, una vez más, va a elegir llegar tarde.
Daniel Barrios
Secretario de Redacción RPD Noticias
