El Gobierno Nacional redujo el Remediar a seis medicamentos

Un exhaustivo informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina, en colaboración con CEPPEMA y ALGEC, encendió las alarmas en el sistema sanitario del país y en la provincia de Misiones al documentar el profundo proceso de desmantelamiento que sufrió el Programa Remediar. 

Creado en 2002 tras la severa crisis socioeconómica nacional para garantizar la provisión gratuita de medicamentos esenciales en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), la iniciativa gubernamental atravesó una drástica tijereta institucional que culminó en octubre de 2026 con la derogación del listado histórico de 128 remedios y su drástica sustitución por tan solo seis principios activos, todos enfocados exclusivamente en la atención cardiovascular.

La medida, oficializada a través del Boletín Oficial mediante la derogación de la Resolución 3424/2021, limita la cobertura nacional enviada a los botiquines comunitarios al ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

De esta manera, el Estado nacional retiró de forma abrupta del primer nivel de atención insumos críticos de demanda masiva y vital para millones de ciudadanos sin obra social ni prepaga, sector que según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) alcanza a más del 44 por ciento de la población del país.

Entre los medicamentos excluidos del programa se encuentran la metformina, insumo fundamental de primera línea para el tratamiento de la diabetes tipo 2 que afecta a unos 4,3 millones de adultos; la levotiroxina, de consumo permanente y de por vida para afecciones tiroideas; y el salbutamol, broncodilatador indispensable para pacientes con asma y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Asimismo, la decisión eliminó el suministro directo de antibióticos pediátricos y de uso generalizado como la amoxicilina y la cefalexina, antimicóticos como el fluconazol, antihistamínicos, suplementos de hierro y ácido fólico indispensables para la atención de embarazadas, y la totalidad de los métodos anticonceptivos farmacológicos que garantizaban los derechos de salud sexual y reproductiva.

El informe del CEPA demuestra que la drástica reducción no representó un evento aislado, sino la culminación de un achicamiento progresivo ejecutado en etapas.

Mientras que en 2022 el programa abastecía a cerca de 8.100 centros de salud en toda la Argentina y distribuía 37,1 millones de tratamientos anuales, para el cierre de 2025 la cobertura efectiva descendió a 4.131 establecimientos y apenas 14,1 millones de tratamientos dispensados, lo que implica un desplome del 62 por ciento en la asistencia sanitaria entregada.

En términos presupuestarios, los 36.054 millones de pesos asignados para Remediar en 2026 significan una contracción real del 72 por ciento en comparación con los fondos ejecutados en el año 2023.

Esta reformulación de políticas públicas impone una severa sobrecarga financiera sobre las provincias y municipios, a los que el Gobierno central transfirió de facto la responsabilidad de sostener la atención primaria.

En el caso particular de Misiones, la provincia debió recalcular de urgencia sus partidas sanitarias, estimando una erogación cercana a los 800 millones de pesos para suplir de forma parcial la falta de botiquines nacionales en los CAPS de la tierra colorada. En localidades como Oberá, los centros barriales enfrentan una presión asistencial multiplicada por vecinos que no pueden afrontar la compra de remedios básicos de bolsillo y sobrecargan la estructura asistencial del hospital de mayor complejidad de la Zona Centro.

El panorama de desprotección médica en las familias argentinas se agrava al cruzarse con las severas restricciones aplicadas en paralelo sobre la cobertura de PAMI.

La obra social de los jubilados eliminó decenas de moléculas del beneficio del 100 por ciento y endureció las exigencias patrimiales para acceder a los subsidios sociales.

Según los datos consolidados a octubre de 2026, los medicamentos más requeridos por los adultos mayores registrarón un incremento acumulado en el precio de venta al público de 404 por ciento desde fines de 2023, mientras que los valores copagados por los afiliados treparon un 638 por ciento.

Esta suba aplastante contrasta violentamente con el aumento de la jubilación mínima que, incluyendo bonos, alcanzó los 505.749 pesos, quedando más de 330 puntos porcentuales por debajo del ritmo del costo de los remedios.

Las repercusiones de este retroceso en las garantías de salud básica comienzan a reflejarse en los indicadores sanitarios de mortalidad. El reporte documenta que las muertes en personas de 60 años o más aumentaron un 16 por ciento por neumonía e influenza, un 7 por ciento por diabetes y un 6 por ciento por afecciones cardiovasculares entre 2023 y 2024.

Del mismo modo, la tasa de mortalidad por EPOC, que venía registrando una curva descendente constante del 5,3 por ciento anual durante casi una década, quebró su tendencia y experimentó una suba del 7,2 por ciento.

En este complejo escenario, el 35,2 por ciento de los hogares con adultos mayores se vio obligado a postergar o abandonar sus tratamientos médicos por razones puramente económicas, consolidando un esquema de desigualdad territorial y social que impacta de lleno en el bienestar de las comunidades vulnerables.

Redacción RPD Noticias