Solari Quintana "El HCD no tiene competencia electoral"
La abogada constitucionalista Magdalena Solari Quintana analizó en Primera Mañana la invalidez jurídica de modificar el régimen de lemas por ordenanza municipal y cuestionó la agenda política.

En una extensa entrevista concedida al programa Primera Mañana por RPD Radio FM 97.5, la abogada constitucionalista, exsenadora nacional y expresidenta del Concejo Deliberante de Posadas, Magdalena Solari Quintana, analizó la polémica en torno a la iniciativa de un sector de concejales posadeños para crear un sistema electoral propio y derogar la Ley de Lemas a nivel municipal.
A lo largo de la conversación, la jurista advirtió sobre la inconstitucionalidad de la medida, explicó el antecedente jurisprudencial del municipio de San Javier y cuestionó la disociación entre las disputas partidarias y las demandas cotidianas de los ciudadanos.
Inconstitucionalidad y el antecedente de San Javier
Consultada sobre la viabilidad jurídica de que un cuerpo deliberativo comunal defina sus propias reglas de elección mediante una ordenanza, Solari Quintana fue categórica al señalar que dicha facultad corresponde de manera exclusiva a la Cámara de Representantes de Misiones.
Según explicó, la Constitución Nacional reserva a las provincias la organización de sus regímenes electorales y la Carta Magna misionera establece explícitamente que esa materia debe regularse por ley provincial.
"El Concejo Deliberante no tiene competencia para armar un sistema electoral propio a través de una ordenanza. Una normativa inferior no puede estar por encima de la Constitución Provincial ni de la Legislatura", sostuvo la especialista, quien precisó que acercó al cuerpo deliberativo un estudio técnico de 16 páginas con doctrina y jurisprudencia para fundamentar su postura.
En ese sentido, recordó un antecedente clave ocurrido en 2023 con el municipio de San Javier.
Tras dictar su Carta Orgánica en 2018, esa comuna intentó avanzar con un código electoral propio, pero el Tribunal Electoral de la provincia —órgano con rango constitucional— emitió una resolución delimitando el alcance de la autonomía municipal y determinando que ningún municipio posee atribuciones para diseñar su propio sistema de votación.
Para la constitucionalista, avanzar en el recinto deliberativo sobre una materia que actualmente cuenta con cuatro proyectos en estado parlamentario dentro de la Cámara de Diputados configura en el derecho público lo que la doctrina denomina "fraude legislativo", es decir, el desvío de un órgano respecto de su mandato constitucional cuando invade competencias ajenas.
Especulación partidaria frente a las demandas ciudadanas
Más allá del análisis técnico, Solari Quintana señaló que la discusión sobre los sublemas suele responder a conveniencias coyunturales de los espacios políticos antes que a una búsqueda real de transparencia.
Recordó que los mismos partidos que hoy impulsan la derogación a nivel municipal han utilizado históricamente la herramienta electoral y poseen proyectos presentados en la Legislatura provincial, ámbito donde considera que debe darse el debate de fondo para eventualmente acotar o reformar el sistema.
Asimismo, cuestionó la agenda de prioridades del Concejo Deliberante de Posadas al contrastar la celeridad otorgada al debate electoral con la postergación de iniciativas de impacto social directo.
Como ejemplo, mencionó la falta de tratamiento de un proyecto de su autoría para crear la Banca del Adulto Mayor, una herramienta destinada a otorgar voz en las comisiones a las personas mayores en el diseño de políticas públicas.
"Faltando quince días para el cierre de las sesiones ordinarias, los adultos mayores se organizaron y presentaron notas pidiendo que se sancione, pero nadie le puso fecha de tratamiento en comisión. Al no tratarlo ahora, ese sector quedó postergado por dos años más", lamentó la exlegisladora, remarcando la dicotomía entre las disputas intrapartidarias y las necesidades concretas de los vecinos.
Además, advirtió que la eliminación abrupta de los sublemas sin un rediseño integral puede favorecer una mayor concentración de poder en los ejecutivos municipales, los cuales ya cuentan con una fuerte gravitación administrativa y financiera sobre los concejos.
División de poderes, calidad institucional y sesgos de género
Durante el diálogo radial, la exsenadora también reflexionó sobre el valor del respeto a las reglas del Estado de derecho y la división de poderes tanto a nivel provincial como nacional.
Subrayó que las políticas públicas requieren sostenerse a través de leyes debatidas en los parlamentos —donde las minorías deben ser escuchadas para evitar que la oposición quede reducida a la mera protesta— y alertó sobre la gravedad institucional que implica cuando un poder ejecutivo desconoce leyes sancionadas o fallos judiciales.
En el plano del funcionamiento interno de los cuerpos legislativos, abogó por un cambio cultural que fortalezca la transparencia —como la respuesta efectiva a los pedidos de informes— y reivindicó el uso responsable de los fueros parlamentarios, aclarando que su interpretación es restrictiva para proteger la libertad de expresión en el recinto, pero no ampara difamaciones ni reemplaza la obligación de acudir a la Justicia ante presuntos delitos.
Finalmente, Solari Quintana abordó los desafíos de la participación femenina en la política y los sesgos de género persistentes en la actividad legislativa.
Señaló que, pese a las leyes de paridad, la presencia de mujeres en las cámaras tiende a reducirse debido a criterios intrapartidarios en el armado de listas y a modalidades específicas de violencia política.
Según detalló apoyándose en estudios sociológicos, mientras las agresiones hacia los varones suelen enfocarse en la confrontación política, sobre las mujeres recaen cuestionamientos vinculados a su vestimenta, su sexualidad o su vida privada, desviando la atención del contenido técnico de sus proyectos.
De cara a la sesión del jueves en el Concejo Deliberante de Posadas, la constitucionalista anticipó que el oficialismo y los bloques impulsores probablemente avancen con la sanción de la ordenanza, aunque reiteró que la medida carece de sustento jurídico y terminará siendo invalidada por la Justicia Electoral.
A continuación les invitamos a ver y compartir la entrevista completa.
Marcelo Telez
Director RPD Noticias

