Nueva intimidación policial a la comunidad Mbya Kuaray Amba
El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen alertó sobre un desproporcionado operativo en Puerto Iguazú. Crece el temor a un desalojo forzado en tierras ancestrales reclamadas por el Estado provincial.
Un nuevo y preocupante capítulo de amedrentamiento estatal se registró en el extremo norte de Misiones.
Alrededor de quince efectivos de la Policía provincial irrumpieron sin aviso previo en la comunidad Mbya Guaraní Kuaray Amba, ubicada en el municipio de Puerto Iguazú.
La incursión, fundamentada formalmente en un relevamiento de datos dispuesto por la Justicia, encendió de inmediato las alarmas de las organizaciones de derechos humanos y de los pueblos originarios de la región.
De acuerdo con el relevamiento en el territorio formulado por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), la modalidad de abordaje reproduce un patrón sistemático de hostigamiento institucional destinado a debilitar la resistencia comunitaria sobre la tierra.
La presencia masiva de uniformados generó un inmediato clima de tensión entre las familias del asentamiento.
Resulta llamativo el ostentoso despliegue policial para el mero diligenciamiento de una notificación administrativa o toma de datos, lo que reaviva las sospechas sobre una estrategia deliberada para preparar el terreno hacia un eventual desalojo forzado.
Este método de presión evoca antecedentes trágicos en la provincia, como lo sucedido en la comunidad Puente Quemado II en Garuhapé, donde la fuerza pública y los intereses judiciales confluir en procedimientos de desalojo sin las garantías constitucionales ni la consulta previa, libre e informada que exigen las normas internacionales.
Durante la irrupción, las fuerzas de seguridad exhibieron un escrito que no estaba dirigido a las autoridades indígenas ni a la comunidad en sí, sino que se trataba de un oficio judicial librado al jefe de la Comisaría Seccional Primera de Puerto Iguazú.
El expediente tramita una causa caratulada por supuesta "intrusión" en predios que el Estado provincial adjudica a su patrimonio público.
El mandato encomendaba realizar un relevamiento sobre la ocupación actual e histórica del área, un contrasentido tratándose de tierras ancestralmente habitadas por la Nación Guaraní.
"Trajeron una nota, pero no estaba dirigida a la Comunidad ni a mí", relató con firmeza Lidio Rivarola, mburuvicha (cacique) de Kuaray Amba, al dar cuenta de la firme decisión de los pobladores de no ceder ante las presiones.
"Querían datos de la gente, pero se los negamos. ¿Para qué los quieren? Dicen que es para llevar al juez. Nos amenazan con el desalojo", denunció el líder comunitario, remarcando la desconfianza legítima hacia las autoridades contenciosas.
Desde el plano estrictamente legal, las autoridades indígenas precisaron que hasta la fecha no existe ninguna orden formal de desalojo ni imputaciones penales concretas contra los miembros de Kuaray Amba.
La comunidad, respaldada por la Pastoral Aborigen, formalizó un escrito ante la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes ratificando la intangibilidad de su asentamiento y manifestando expresamente que no abandonarán el territorio bajo ninguna circunstancia.
Este conflicto en Puerto Iguazú se enmarca en un escenario estructural de vulneración de los derechos de los pueblos originarios en la provincia de Misiones.
La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, reconoce explícitamente la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y prohibiendo su enajenación o embargo.
A su vez, la Ley Nacional 26.160 —de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras habitadas por comunidades indígenas— y sus sucesivas prórrogas suspenden expresamente el mandato de ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo de tierras originarias.
A pesar de este entramado protector y del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales —con jerarquía constitucional en la Argentina—, la presión inmobiliaria, turística y de infraestructura en las áreas periurbanas de Puerto Iguazú acorrala de manera persistente a los asentamientos Mbya.
La falta de conclusión del relevamiento territorial definitivo previsto por la norma nacional deja a comunidades como Kuaray Amba en una constante situación de inseguridad jurídica.
Frente a la irrupción policial, el pueblo Mbya ratifica la defensa irrenunciable de su selva y sus raíces.
Redacción RPD Noticias
