Y es, casualmente, la mitad que el oficialismo nacional elige repetir cada vez que necesita un ejemplo para justificar la eliminación del límite a la extranjerización de tierras en Argentina.
La otra mitad, la que no se dice en el recinto, es la que interesa acá, en la tierra colorada, a días del 6 de agosto.
Lo que realmente permite Estados Unidos
A escala federal, Washington no prohíbe la compra de inmuebles a un extranjero no residente. Pero eso no significa vía libre. El sistema norteamericano se sostiene en tres controles que operan de manera simultánea:
• El CFIUS —Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos— puede revisar, frenar o directamente exigir la venta obligatoria de un campo o un lote si está cerca de una base militar, un puerto, un aeropuerto o cualquier infraestructura considerada estratégica.
• La AFIDA obliga por ley federal a que toda persona o firma extranjera que compre o venda tierras agrícolas o forestales de más de 10 acres lo reporte al Departamento de Agricultura dentro de los 90 días. No es una sugerencia: es un registro obligatorio.
• La FIRPTA retiene preventivamente un 15% del valor bruto de la operación a todo vendedor extranjero, como garantía del pago del impuesto a las ganancias.
Y eso es apenas el filtro nacional.
Porque la verdadera decisión sobre quién puede ser dueño de la tierra en Estados Unidos no la toma Washington: la toma cada uno de los 50 estados. Y ahí conviene detenerse, porque el mapa no es parejo — y el detalle desarma buena parte del argumento oficialista.
Los estados que cerraron la puerta por nacionalidad
Florida es el caso testigo, con la controvertida Ley SB 264: restringe o directamente prohíbe la compra de inmuebles —incluida tierra agrícola y terrenos cercanos a infraestructura crítica— a ciudadanos, empresas o gobiernos de países calificados como "adversarios extranjeros": China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela.
Texas, Arkansas y Dakota del Norte siguieron un camino similar, con normas que apuntan puntualmente a esas mismas nacionalidades.
No es una restricción genérica al extranjero: es una restricción geopolítica, pensada estado por estado según su propia lectura de seguridad nacional.
Los estados que protegen el cinturón productivo. Iowa, Indiana, Missouri, Kansas y Minnesota —el corazón agrícola y ganadero de Estados Unidos— imponen trabas severas a la adquisición de campos de cultivo por parte de extranjeros.
Ahí el argumento no es la nacionalidad del comprador sino la naturaleza del suelo: son estados que decidieron blindar su producción de alimentos bajo la idea de soberanía alimentaria, algo que en Misiones —con 15 mil familias yerbateras en crisis— no suena para nada abstracto.
Los estados sin restricciones de peso
En el otro extremo están los polos urbanos y comerciales: Nueva York, California e Illinois permiten comprar un departamento, una vivienda o un local en igualdad de condiciones que un ciudadano estadounidense, sin exigencias adicionales por nacionalidad.
Ahí sí, el mercado inmobiliario funciona prácticamente libre — con la única condición de que los fondos estén bancarizados y el comprador no figure sancionado por la OFAC.
La conclusión que surge de las tres capas es incómoda para quien usa a Estados Unidos como argumento de libertad total: son justamente los estados con tierra rural estratégica —los que más se parecen a lo que Misiones tiene para cuidar— los que más restringieron el acceso extranjero.
La apertura sin condiciones quedó reservada a los departamentos de Manhattan, no a los campos de Iowa.
Lo que Argentina discute borrar el 6 de agosto
Mientras en Estados Unidos se suman capas de control estado por estado, en el Senado argentino se debate eliminar la única que existe a nivel nacional: el tope del 15% de la superficie rural en manos extranjeras, vigente desde la Ley 26.737.
El proyecto —bautizado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", aunque todos en Misiones lo llaman por su nombre real: ley de extranjerización de tierras— ya lleva quince o dieciséis reescrituras según quién cuente, dictamen de comisión desde mayo, y cuatro sesiones caídas por falta de votos.
La última, el 16 de julio: 62 votos a favor de postergar, tres en contra, una abstención. Cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, impulsado por la propia presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, junto al ministro Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa.
El proyecto delega en las provincias la potestad de autorizar o prohibir la venta a extranjeros. Suena federal, y hasta se parece —en el papel— al modelo de los 50 estados.
El detalle es que no crea ningún mecanismo equivalente al CFIUS para zonas de frontera, ni a la AFIDA para el registro obligatorio de operaciones. Devuelve la lapicera a la provincia, pero no le da ninguna de las herramientas de control que sí tienen, hoy, Florida, Iowa o Kansas.
Lo que ya pasa en Misiones, sin necesidad de ley nueva
El dato no es un pronóstico, es presente: según el Registro Nacional de Tierras Rurales, cinco departamentos de Misiones ya superan el 15% de tierra en manos extranjeras. En Iguazú, el número ronda el 40%.
Para el senador Martín Göerling Lara (PRO), eso es justamente el argumento para derogar el límite: si no se cumple, dice, la ley no sirve.
La lectura inversa —que si ya se incumple un tope del 15%, eliminar el tope no va a frenar nada, va a acelerarlo— es la que sostienen el gobernador Hugo Passalacqua, los intendentes misioneros y buena parte de la sociedad civil provincial.
Los tres votos misioneros, tres posiciones distintas
Acá es donde la nota deja de ser sobre Estados Unidos y pasa a ser, de lleno, sobre Misiones.
Martín Göerling Lara, senador del PRO, es hasta ahora el único de los tres legisladores misioneros en el Senado que confirmó públicamente su voto a favor.
Sostiene que el proyecto no implica pérdida de soberanía porque devuelve a las provincias la facultad de definir su propia política de tierras, y que si Misiones no quiere vender ni una hectárea, puede sacar su propia ley provincial.
Cuestionó con dureza a los intendentes que firmaron una solicitada en contra, acusándolos de "desinformar y mentir a la población".
Sonia Rojas Decut, senadora de ¿todavía? Encuentro Misionero, transita el camino inverso.
Dio quórum para habilitar el debate del 16 de julio junto a Göerling y a Carlos Arce, pero después de una reunión directa con Passalacqua anticipó que no acompañará el capítulo de tierras.
Trascendió incluso un posible bloque unipersonal, separándose del espacio de Carlos Rovira. Una versión no confirmada habla de un "doble juego": votar a favor del proyecto en general, alineada con Rovira, pero en contra del capítulo específico de venta de tierras, como gesto hacia Passalacqua.
Oscar Herrera Ahuad, diputado nacional y expresidente de la Legislatura misionera, fijó la posición más contundente: votará en contra si el proyecto llega a Diputados.
Construyó su argumento sobre tres ejes — social (entre 400 mil y 500 mil misioneros viven en chacras y colonias), productivo (15 mil familias yerbateras en crisis, lo que definió como "la tormenta perfecta": se ahoga al productor, aparece la necesidad de vender, y ahí llega la ley que facilita la compra) y geopolítico (90% de los límites de Misiones son frontera internacional, corre el Acuífero Guaraní, resiste la mayor selva del país, y citó el artículo 124 de la Constitución Nacional).
La pregunta que el 6 de agosto no va a esquivar
Si el ejemplo es Estados Unidos, la incomodidad para el oficialismo es doble.
Primero, porque el país citado como modelo de libertad de mercado protegió con más dureza justamente los estados que más se parecen a Misiones — su cinturón rural y agrícola — y solo abrió sin condiciones sus centros urbanos.
Segundo, porque en la provincia que más tiene para perder, los propios representantes que el sistema envía a Buenos Aires están, en su mayoría, diciendo que no.
El 6 de agosto se sabrá si el oficialismo consigue, por fin, los votos que le faltaron cuatro veces. Mientras tanto, en Misiones, la discusión ya dejó de ser una abstracción legislativa.
Marcelo Telez
Director RPD Oberá
