Roxana Rivas "Fue un desalojo irregular para privatizar tierras ancestrales"
El reciente despliegue policial en el lote disputado de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, en Garuhapé, volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de los pueblos originarios en Misiones frente a intereses privados.
Así lo confirmó la abogada Roxana Rivas, integrante del Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA) y representante legal del asentamiento, durante una entrevista brindada a #PrimeraMañana por #FM97.5 #RPDObera.
La letrada denunció que la expulsión de las familias se concretó mediante un "megaoperativo" de la fuerza provincial bajo una orden dictada por el juez de Instrucción de Jardín América, Roberto Sena.
El procedimiento se ejecutó a pesar de que la defensa había interpuesto un recurso de apelación que debía suspender cualquier medida de fuerza y de que el territorio cuenta con el reconocimiento de ocupación actual y ancestral emitido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Inconsistencias oficiales y tráfico de influencias
Según detalló Rivas, desde el juzgado se intentó instalar la versión de que las seis familias Mbya se retiraron de forma "voluntaria" o que las fuerzas de seguridad solo acudieron a concretar un informe socioambiental. Sin embargo, el propio parte oficial remitido por la Comisaría de Garuhapé confirmó que la intervención policial se realizó en cumplimiento directo del oficio judicial de desalojo.
La abogada señaló además la existencia de severas irregularidades procedimentales y una marcada asimetría de influencias en el trámite judicial.
La demanda penal contra la comunidad fue impulsada por el empresario Alfredo Ruf, representado legalmente por el exjuez correccional de Puerto Rico, Osvaldo Lunge. Asimismo, Rivas vinculó las maniobras iniciales en la causa al exfiscal y exdiputado provincial Isidro Duarte, a quien señaló de actuar como nexo para acelerar el desplazamiento de los comuneros.
Acción ante el Superior Tribunal de Justicia
Frente al accionar de la magistratura y el despliegue de la fuerza pública, desde la representación legal de la comunidad confirmaron que presentarán una denuncia formal ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones para que se investigue el desempeño de los funcionarios involucrados.
En paralelo, Rivas recordó que la discusión sobre la propiedad de la tierra no le corresponde a la justicia penal mediante trámites de fuero punitivo, sino que se encuentra radicada en un fuero civil y comercial donde la comunidad reclama la titularización definitiva.
"Mientras el Estado no entregue los títulos comunitarios, las comunidades quedan expuestas al avance privado y a maniobras judiciales que ignoran los derechos constitucionales e internacionales que las protegen", concluyó.
A continuación les dejamos la entrevista completa para ver y compartir.
Redacción RPD Oberá
