En estos tiempos de pantallas, el método es más sutil y eficaz: la mentira programada. Una noticia falsa no requiere pólvora; le alcanza con un celular, un funcionario sediento de revancha, un ejército de bots o un rebaño dispuesto a repetirla.
Lo que se dispara entonces no es información: es plomo simbólico.
Y en esta guerra, como en todas, las primeras bajas suelen ser civiles: hombres y mujeres que trabajan, votan y todavía esperan —cada vez con más duda— que alguien, en algún rincón, esté diciendo la verdad.
Nuestra provincia no vive aislada del resto del mundo. Respiramos una época donde la mentira perdió su estigma de pecado para ser validada, sin pudor, como una estrategia política de diseño. Y acá, en Misiones, esa discusión tiene que dejar de ser abstracta.
Esta semana, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Diego Hartfield, anunció que denunciará penalmente a Roque Gervasoni, titular del IMaC, por haber replicado en redes un video que lo vinculaba con supuestos vuelos en aviones privados financiados con fondos públicos.
Hartfield lo negó de forma categórica en Radio Up, en el programa “Realidad Mixta”: “Nunca me tocó un avión privado en mi vida. No, nunca, jamás”, dijo. Y fue más allá: le llamó la atención que “un funcionario del gobierno lo postee y lo replique como si fuera una verdad total”. Lo que se cuestiona es que un funcionario público utilice las redes sociales para empujar desinformación en contra de. Una fake news, una peste antiquísima que se potenció con internet.
No se trata, entonces, de un cruce de chicanas. Se trata del mecanismo, del método.
Una cosa es que la intoxicación circule desde cuentas anónimas, ese barro digital donde nadie firma nada y todos tiran piedras. Otra cosa —mucho más grave— es que la desinformación sea amplificada por alguien que ocupa un cargo público y se mueve con la autoridad implícita del Estado.
Porque cuando un funcionario distribuye una noticia falsa, no está opinando: está ejerciendo una fuerza asimétrica.
Como lo hace permanentemente Javier Milei y sus devotos. El poder, como las armas, exige un seguro y un protocolo. Sin reglas, la política se convierte en un campo de tiro ciego: gana el que dispara primero el engaño, no el que mejor gestiona la realidad.
La pregunta no es si Gervasoni lo hizo o no: eso lo determinará la Justicia y, antes, los hechos. La pregunta política, la que debería incomodar a todos los partidos, es otra: ¿vamos a aceptar que la campaña permanente se convierta en una cloaca donde todo vale?
Umberto Eco, que tenía la virtud de decir con elegancia lo que otros apenas balbuceamos, lo resumió con brutalidad: las redes sociales “le dieron derecho de palabra a legiones de idiotas”. No era un insulto; era, en todo caso, un diagnóstico cultural de época.
El semiólogo, uno de los más importantes del siglo XX, advertía que el problema no era que la estupidez existiera —siempre existió—, sino que ahora circula con mayor velocidad que un dato verificado y, peor, con más emoción. La mentira viaja en moto; la verdad va a pie, con papeles, con llamadas, con chequeos, con tiempo.
En su novela Número cero, Eco explicó el método: se manipula, se difama, se instalan intrigas, se fabrica clima. Y cuando el clima está instalado, la rectificación llega tarde: la reputación ya está herida.
Hartfield, de hecho, describió el “modus operandi” de estas operaciones: aprovechar un tema viral y “tirar” contenido falso para que “la inteligencia de las redes sociales lo manijee” porque la gente se prende. Ahí aparece el algoritmo como cómplice: no premia lo verdadero; premia lo que genera reacción.
Y en política la reacción es oro. Por eso la fake es tan tentadora: cuesta poco, rinde mucho y casi nunca paga precio.
Tal vez este caso abra la puerta a un compromiso público de toda la dirigencia misionera: oficialismo y oposición. Acá es donde tienen una oportunidad histórica, simple y concreta: firmar un pacto de no difusión de noticias falsas, con un protocolo mínimo. No es poesía. Es higiene democrática. Un acuerdo básico, como los que se hacen en tiempos de peste para no contagiar al vecino.
El pacto podría incluir tres reglas elementales: Primero, no compartir información sin fuente verificable; segundo, rectificar con la misma potencia con la que se difundió; tercero, sancionar políticamente a quien use recursos públicos para campañas de desinformación.
Si no pueden sostener eso, entonces el discurso sobre “la república”, “las instituciones” y “la democracia” es sólo decoración de campaña.
Ahora bien: esta pelea no es sólo de los políticos. También es del periodismo, que tampoco está exento de culpa.
Y acá conviene decirlo con crudeza, porque el romanticismo no paga las cuentas ni salva reputaciones: el periodista no puede ser un militante disfrazado de cronista. Puede tener ideas y posturas, claro.
Pero su compromiso profesional es con el método: verificar, contrastar, dudar, llamar de nuevo, chequear, esperar.
Hace treinta años que me gano el pan escribiendo para diarios, revistas, portales de noticias y libros, y pasé por redacciones de los más diversos tamaños.
Entiendo cómo funciona el juego del poder, pero jamás vi tanto desparpajo, tanta liviandad. Miren: ya sabemos que en la era de la posverdad hay medios que confunden velocidad con rigor y el ruido de los clics con el peso de la relevancia. Por eso, en tiempos de ansiedad, esperar es revolucionario.
Guiémonos por los faros que encendieron los mejores, como Ryszard Kapuściński, el gran reportero polaco que caminó guerras y dictaduras con una libreta y con la convicción de que, si no entendés a la gente, no entendés el conflicto; y si no respetás los hechos, no respetás a la gente.
Comprendía que el periodismo no es repetir lo que te dicen, sino descubrir qué hay detrás de lo que te dicen.
Además, estaba convencido de que los cínicos —los que manipulan, los que sirven intereses, los que convierten la información en negocio— no servían para este oficio, porque el cinismo es la antesala de la mentira.
Y en esta idea de señalar, pero a la vez buscar juntos la salida del laberinto, en su momento Umberto Eco propuso que los diarios dediquen páginas a señalar qué sitios mienten y cuáles son confiables.
Tal vez hoy, en Misiones, esa tarea debería ser más ambiciosa: un observatorio local de desinformación, con participación de universidades, periodistas, organizaciones civiles y, sí, también del Estado.
Pero con una condición: independencia. Porque si el árbitro juega para un equipo, el partido está arreglado. ¿Quién recoge el guante? Estoy casi seguro de que nadie.
No sé qué opinarán ustedes, pero termino creyendo que la democracia, al final, es confianza organizada. Y la confianza es un recurso no renovable: se gasta más rápido de lo que se repone.
Por eso el caso Hartfield–Gervasoni no debería servir sólo para sumar un capítulo a la novela de la grieta.
Debería abrir una discusión pública sobre cómo se contamina el debate, cómo se fabrica un enemigo con un par de posteos, cómo se destruye una reputación en horas y cómo, después, nadie se hace cargo.
La fake tiene una virtud miserable: no deja huellas en la conciencia de quien la comparte. Se la reenvía como quien pasa una botella vacía. Total: “me lo mandaron”.
Por eso estas líneas no son una defensa hacia un dirigente ni un ataque a otro. Son un llamado a un mínimo de decencia pública. A entender que la mentira política es una forma de violencia.
Y que, si de verdad queremos vivir en un Estado provincial donde el voto valga y la palabra tenga peso, hay que cortar de raíz la industria de la desinformación.
Hay guerras que se libran en trincheras. Esta se libra en el celular de cada habitante de Misiones. Y si la perdemos, no habrá ganador. Sólo un territorio más pobre: de verdad, de diálogo y de futuro.
Fernando Oz
La Voz de Misiones
