La lupa sobre el Parque de la Salud, Bárbaro exige auditar una caja de $617 mil millones y apunta a contratos directos

El diputado provincial Héctor “Cacho” Bárbaro, referente del Partido Agrario y Social (PAyS), ingresó un proyecto de resolución en la Cámara de Representantes de Misiones (expediente D-71500-26) que busca poner bajo la lupa el destino de los fondos de uno de los organismos más robustos de la administración pública: la Fundación Parque de la Salud “Dr. Ramón Madariaga”.

La iniciativa propone la conformación inmediata de una Comisión Especial de Seguimiento y Control de los Aportes del Estado Provincial.

Este nuevo órgano de control estaría integrado por siete legisladores designados por la Presidencia de la Cámara, con el objetivo de garantizar la participación y representación de todos los bloques políticos con asiento parlamentario.

El eje central del reclamo impulsado por Bárbaro radica en la colosal magnitud de los recursos en juego y la llamativa ausencia de mecanismos de fiscalización legislativa.

Según detalla el texto del proyecto, el Presupuesto provincial 2027 le asigna a la Fundación Parque de la Salud la astronómica suma de 617.553 millones de pesos (equivalentes a unos 411 millones de dólares).

Esta cifra representa la segunda partida más abultada del Estado misionero, siendo superada únicamente por las asignaciones al Consejo General de Educación y al Instituto de Previsión Social (IPS). En términos prácticos, la Fundación administra uno de cada diez pesos que maneja la Provincia.

A pesar del enorme volumen de dinero público, el legislador denuncia que el Parque de la Salud goza de un privilegio inusual: no comparece ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura durante el tratamiento de las previsiones anuales.

De hecho, durante el debate del Presupuesto 2027, el propio ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, señaló públicamente que su cartera no tiene ningún tipo de injerencia sobre el accionar financiero de dicha repartición.

Esta excepción institucional tiene su génesis legal en la Ley XVII Nº 70, sancionada en el año 2010. La normativa le otorgó a la Fundación una autonomía financiera que, en los hechos, la exime de la obligación legal de realizar licitaciones públicas o concursos de precios para llevar adelante sus contrataciones.

Para Bárbaro, esta autonomía, concebida originalmente para agilizar la gestión sanitaria y dar respuestas rápidas a los pacientes, terminó "configurando un sistema de contrataciones directas con controles insuficientes".

Uno de los capítulos más sensibles de la presentación se enfoca en las fluidas relaciones comerciales entre el organismo estatal y determinadas empresas proveedoras del ámbito privado.

En los fundamentos, el diputado menciona explícitamente a firmas como Alegremed, Droguería San Miguel, Gempro, Atmedo SRL y Medical Group. Sobre ellas, advierte la presunta existencia de vinculaciones empresariales con sectores del poder político y cuestiona severamente la falta de información pública sobre los importes facturados, los criterios de selección y las condiciones de contratación.

A su vez, el proyecto pone la mira en el sistema de facturación por cápitas utilizado con algunos de estos prestadores privados. Este mecanismo permite a las empresas facturar sobre una cantidad predeterminada de personas, independientemente de los servicios médicos que efectivamente se hayan prestado durante el mes.

Pese a la dureza del planteo, el legislador del PAyS aclaró que su pedido de auditoría institucional no implica en absoluto desconocer la calidad médica ni los vitales resultados sanitarios alcanzados por el Parque de la Salud, que ha beneficiado a miles de pacientes en áreas de altísima complejidad como oncología, oftalmología y la red de trasplantes.

No obstante, sentenció: "El dinero que administra la Fundación es dinero de todos los misioneros, y esta Cámara tiene el deber de ejercer el control institucional que le corresponde sobre su uso".

Redacción RPD Noticias