Giro inesperado: la Corte Suprema da marcha atrás, repone la Ley de Tierras y frena la extranjerización

Tras el masivo repudio social, la Corte Suprema revirtió su postura y restableció la Ley de Tierras. Por mayoría, los jueces suspendieron el artículo del DNU 70/23 que permitía la venta indiscriminada a extranjeros, priorizando el daño ambiental.

Marcelo Telez
12 oct 2026 · 09:50 · 4 min de lectura
Giro inesperado: la Corte Suprema da marcha atrás, repone la Ley de Tierras y frena la extranjerización

En una maniobra judicial sin precedentes y acorralada por el repudio social y jurídico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió reponer la vigencia de la Ley de Tierras.

El máximo tribunal dictó una medida cautelar interina que suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, frenando así la venta de tierras rurales a extranjeros, cuya derogación había sido ratificada por los mismos magistrados apenas una semana atrás.

La decisión fue adoptada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz.

Este giro responde a un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades indígenas y la legisladora Magdalena Odarda, quienes exigieron que se aclare su situación tras el rechazo a la demanda del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas (CECIM).

El argumento ambiental como salida política

Según expresó en su nota del Diario Página 12 la periodista Irina Hauser la Corte utilizó la "tutela del daño ambiental" para justificar el cambio de postura.

El voto mayoritario sostuvo que debían garantizar el "derecho a obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno" y proteger el ambiente, invocando el artículo 41 de la Constitución.

Según los supremos, la derogación de la norma compromete el desarrollo humano y la diversidad biológica.

Dictaron la cautelar para evitar "daños irreparables" mientras el expediente vuelve al juzgado de Bariloche, a cargo de Leandro Gómez Constenla.

Esta medida es leída como una estrategia de cálculo político: al reponer la ley, la Corte intenta restarle fuerza a la movilización convocada para el 15 de octubre y evitar el inminente rechazo total del DNU en la Cámara de Diputados.

La disidencia y la interna expuesta

El contrapunto quedó expuesto en el duro voto de Rosenkrantz. Consideró que la Corte es "incompetente" en este caso y acusó a sus colegas de ceder ante el "descontento de distintos sectores de la sociedad".

Afirmó que la referencia ambiental "no puede convertirse en una coartada" para dictar cautelares y que un cambio de titularidad no implica "per se peligro ambiental". La mayoría, en tanto, intentó atajarse aclarando que la resolución no modifica el criterio del caso CECIM.

La ventana de diez días y el impacto real

A pesar de la restitución de la Ley 26.737 (sancionada en 2011), queda un grave interrogante: durante diez días, la tierra rural estuvo liberada para su venta a capitales extranjeros. Aún se desconoce cuántas operaciones inmobiliarias se concretaron a favor de corporaciones foráneas y si se preservó la información en el Registro Nacional.

La ley original prohibía la venta de tierras ribereñas, glaciares y humedales, y limitaba al 15 por ciento el territorio rural en manos extranjeras.

Todo esto había sido borrado de un plumazo por el decreto presidencial.

Odarda calificó el fallo como "una batalla ganada por el pueblo para defender la soberanía". Ana Wieman, de Árbol de Pie, destacó que es apenas el inicio y pidió a los legisladores que rechacen el DNU en su totalidad para dar un cierre definitivo.

El futuro del DNU y las causas cajoneadas

El accionar del tribunal evidenció un manejo selectivo.

La Corte mantiene paralizados más de 30 expedientes contra el DNU 70/2023, abarcando la reforma laboral, la desregulación de las prepagas (con más de 430 casos) y la eliminación de facultades del INYM.

Existen dos dictámenes del procurador Eduardo Casal recomendando declarar la inconstitucionalidad en áreas clave, pero los magistrados no avanzaron con su tratamiento.

Eligieron resolver primero el caso de la tierra, de vital interés para inversores que buscan instalar data centers y explotar recursos naturales para llevarse las ganancias a otra parte.

Ahora, los supremos reculan pero dejan un final abierto para acomodar su próxima decisión, mientras la motosierra gubernamental continúa operando bajo el silencio judicial en el resto de las causas.

Redacción RPD Noticias

Publicidad
Publicidad