El que cumple paga, el que no cumple es premiado: el informe del CEPA que desnuda la política energética de Balcarce 50

El último informe energético del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pone sobre la mesa una secuencia que, leída de corrido, dibuja un patrón. Un ajuste sobre las facturas de gas de millones de familias. Una condonación millonaria a las distribuidoras eléctricas.

Una denuncia penal contra la cúpula de la Secretaría de Energía. Y un gobierno que, mientras tanto, vende seguridad jurídica en París.

Zona Fría: el voto del Norte y la factura de todos

La reforma del Régimen de Zona Fría ya es ley. El Senado la aprobó con 38 votos a favor y 8 en contra, después de un acuerdo entre la Casa Rosada y los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco, Corrientes y Jujuy.

La contraprestación: ampliar entre noviembre y abril el consumo eléctrico subsidiado en las zonas cálidas, que pasaría de 150 a 300 kWh mensuales, y en las muy cálidas, de 300 a 550 kWh.

El CEPA lo resume sin anestesia: el Norte cambió su voto por aire acondicionado subsidiado. En contra votaron los senadores de provincias directamente afectadas por el nuevo esquema, como Santa Cruz, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y La Pampa.

Pero el dato más duro está en la letra chica. Hasta ahora, el descuento del 50% se aplicaba sobre el total de la factura. Con la nueva ley, se aplica solo sobre el precio del gas en origen (PIST). El CEPA hace la cuenta con una factura teórica de $100.000: antes, el usuario pagaba $50.000; ahora pagará $80.000.

¿Qué significa eso en el bolsillo?

• Quien conserva la Zona Fría paga un 60% más.
• Jubilados y titulares de AUH excluidos pierden el 50% de descuento: la factura se duplica.
• Usuarios residenciales generales excluidos pierden el 30%: aumento del 43%.

El Gobierno estima que 1,6 millones de usuarios quedarán afuera del beneficio. Otras estimaciones elevan la cifra a más de 3,3 millones. La Federación Argentina de Municipios, que reúne a más de 500 intendentes, repudió la medida.

Hay un detalle más. La ley mantiene el recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas que alimenta el fondo fiduciario que financia el régimen.

Es decir: una familia excluida puede seguir aportando a un beneficio que ya no recibe. Y nadie explicó qué pasará con lo que se recaude de más.

RIGI en París, denuncia en Comodoro Py

Mientras la comitiva oficial ofrecía el RIGI a inversores europeos, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) —el organismo del Ministerio Público Fiscal especializado en corrupción— denunció penalmente a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, a su antecesor Eduardo Rodríguez Chirillo y al subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller.

La denuncia, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y cohecho, apunta al ingreso al RIGI de Southern Energy, aprobado por la Resolución 559/2025 que firmó Luis Caputo.

En el accionariado figuraba con el 15% la británica Harbour Energy, continuadora de Premier Oil, sancionada en 2013 por operar sin autorización en la plataforma continental argentina, cerca de Malvinas.

La Justicia deberá determinar si ese antecedente debió impedir el acceso al régimen, en función de la Ley 26.659, conocida como Ley Solanas. La causa está bajo reserva y en etapa inicial, en manos del fiscal Pollicita y el juez Lijo.

El CEPA agrega un dato político sensible: Veller fue recibido esta semana por tres directores del ENReGE —el ente que regula las decisiones de su propia área— a espaldas de Vicente Serra, quien ejerce la conducción del organismo. En el sector lo leen como una jugada para posicionarse en la pelea por la presidencia vacante del ente.

USD 1.842 millones de perdón

Con la Zona Fría acaparando la atención, el Senado aprobó también un artículo con un título pomposo —"Autosuficiencia económico-financiera del Mercado Eléctrico Mayorista"— que condona deudas de las distribuidoras con CAMMESA por USD 1.842 millones.

El ranking que reconstruye el CEPA:

• Edenor (Manzano, Vila, Filiberti): USD 438 millones.
• Edesur (Enel): USD 345 millones.
• Grupo DESA (Rogelio Pagano), sumando sus distribuidoras bonaerenses y salteñas: USD 474 millones.

La lógica es difícil de tragar. El Estado giró subsidios a CAMMESA porque las tarifas no cubrían costos. Las distribuidoras cobraron la energía a los usuarios y no se la pagaron a CAMMESA.

Ahora esas deudas se compensan con "activos regulatorios" derivados de los congelamientos tarifarios. Si la deuda no alcanza, algunas podrían quedar incluso con saldo a favor.

¿Qué se condona exactamente? ¿Energía vendida y no pagada? ¿O ganancias que no se pudieron cobrar? Nadie lo responde con precisión. Y para las empresas que pagaron en tiempo y forma —muchas de ellas provinciales— no hubo ningún beneficio.

El cierre del círculo, según el CEPA: el funcionario que debe implementar la condonación es Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica, que viene de ser director de suministros del Grupo DESA y antes gerente general de Eden, empresa del mismo holding.

Vaca Muerta: récords, caños propios y viento de guerra

El informe repasa también los anuncios que el Gobierno exhibió como trofeos:

• Pluspetrol obtuvo el RIGI para Bajo del Choique – La Invernada, con un compromiso de USD 12.400 millones a 25 años, el mayor aprobado hasta ahora. El área ya produce 46.594 barriles diarios, 3,6 veces más que hace un año.
• TGN (Rocca–Eurnekian) anunció el Gasoducto Manuel Belgrano: 753 kilómetros entre Neuquén y Córdoba, USD 2.200 millones de inversión y la mira puesta en Brasil.

El CEPA advierte que la obra podría quedar en manos de Tenaris y Techint, del mismo grupo que controla TGN. Y que la empresa avanza sin que el Gobierno le haya renovado la concesión, que vence en diciembre de 2027.

El crudo Medanito volvió a cotizar con premio sobre el Brent. Pero el mérito, señala el informe, no es de una política energética virtuosa, sino de los drones sobre Medio Oriente y un oleoducto saudí fuera de servicio.

Biocombustibles: con voto misionero

El Senado aprobó por 41 a 25 la reforma de la Ley de Biocombustibles, que eleva los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%.

Entre los bloques que la apoyaron figura el Movimiento por Misiones, junto a La Libertad Avanza, el PRO y la mayoría de la UCR.

El CEPA reconoce que el aumento de cortes es una buena señal para la industria, pero marca el punto pendiente: la reforma no resuelve las asimetrías entre los grandes productores integrados y las pymes no integradas de biodiésel, que siguen denunciando un marco que las empuja a la marginalidad.

La agenda que no se ve

El informe suma tres movimientos regulatorios: la autorización para vender las acciones de ENARSA en las centrales Belgrano, San Martín y Brown —con preferencia para socios privados como Central Puerto y AES—, un aumento cercano al 1% en los precios de los biocombustibles y un nuevo régimen que obliga a los grandes consumos eléctricos, como centros de datos o plantas de GNL, a generar su propia energía.

Viento de cola, barco que hace agua

La conclusión del CEPA es lapidaria. El ajuste de Zona Fría es la cara más visible de un modelo que premia a los incumplidores, castiga a los cumplidores y deja a los usuarios esperando explicaciones.

Hay viento de cola. Pero el barco sigue haciendo agua.

Y la cuenta, como siempre, la pagan los mismos.

Redacción RPD Noticias