El Gobierno enviará la baja de la edad de imputabilidad al Congreso en las sesiones extraordinarias de febrero

La iniciativa central de la reforma busca reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, estableciendo una escala de penas que alcanza un máximo de 15 años de prisión para menores en conflicto con la ley penal.

La medida generó una inmediata reacción en el arco político y social.

La exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, celebró la decisión a través de sus redes sociales: “Nos vemos en el Congreso para actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas”, afirmó, marcando una línea divisoria sobre quiénes apoyarán la norma y quiénes no.

El respaldo de las provincias y el debate sobre el "garantismo"

Desde el interior, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se alineó con la propuesta oficialista.

El mandatario santafesino fue contundente al criticar la legislación vigente: “Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”, expresó, vinculando el sistema actual con el "garantismo" y responsabilizando a gestiones anteriores por el estado de la seguridad en el país.

La postura de los organismos de derechos humanos está en la vereda opuesta, la titular de la Correpi, María del Carmen Verdú, advirtió sobre la falta de sustento estadístico para esta reforma.

Según Verdú, la incidencia de delitos cometidos por menores de 16 años representa menos del 0,1% del total de los casos.

"Lo que hay que investigar es a los adultos que están detrás, que en muchos casos remiten a vínculos con las fuerzas de seguridad", sostuvo la abogada, señalando que estos jóvenes son, en primera instancia, víctimas de redes delictivas mayores antes que victimarios.

El debate se trasladará ahora a las comisiones del Congreso, donde se espera un febrero de alta intensidad política para definir el futuro del régimen penal juvenil en Argentina.