Si firmé, no me acuerdo, por Marcelo Telez

Pero había otro mito, uno que no tenía nada de folclore y sí mucho de contrato tácito del poder: que en la Renovación, cuando un diputado firmaba la aceptación del cargo, firmaba también su renuncia.

En blanco. Por las dudas. Para cuando hiciera falta.

Yo no lo creía. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora.

Porque resulta que hay catorce diputados provinciales que supieron pertenecer al bloque del Frente Renovador de la Concordia y que hoy, si uno entra a la página oficial de la Cámara de Representantes, todavía al día de hoy aparecen encolumnados bajo otro nombre: Encuentro Misionero.

Sin que ellos lo hayan decidido así. O al menos, sin que puedan asegurar que fueron ellos quienes lo decidieron.

Estos días el Tribunal Electoral tuvo mucho trabajo. Desfilaron afiliados que fueron a renunciar a Encuentro Misionero: el gobernador Passalacqua envió una carta, el exgobernador Maurice Closs, ministros, militantes de base.

¿A qué partido se afilian después de borrarse? A ninguno. Se van, nomás.

Y en el medio, catorce legisladores —Arabela Soler, Juan Manuel Rodríguez, Enio Lemes, Juan Szychowski, Rudi Bundziak, Hugo Benítez, María del Carmen Méndez Ason, Roque Sobozinski, Anazul Centeno, Alejandro Arnold, Blanca Núñez, Alicia Zalesak, José Luis Pastori y Aryhatne Bahr— mandaron una carta al Tribunal Electoral que dice, poco más o menos, lo mismo que da título a esta nota: si aparece un papel donde dice que yo renuncié, yo no fui.

Ahí es donde uno se pregunta si esto es serio.

¿En qué mundo estamos que un dirigente tenga que salir a aclarar por escrito que su firma no vale lo que dice valer? ¿No les parece grave que, para aceptar un cargo, haya que entregar también la llave de salida a quien maneja la estructura?

La respuesta corta es que esto no es un invento de estos días. Hay antecedentes.

Y el antecedente tiene nombre y apellido: Elsa "Pety" Garayo. Año 2004. Rovira reelecto gobernador, ruptura con Ramón Puerta, nacimiento del Frente Renovador de la Concordia.

Pety Garayo era diputada por el Partido Justicialista y se pasó al nuevo espacio. Apareció una renuncia firmada por ella. Un peritaje de Gendarmería certificó que la firma era suya. La Legislatura aceptó esa renuncia y la reemplazó.

Ella dijo que no había firmado nada, que le habían falsificado la rúbrica. Años después, el Superior Tribunal de Justicia le dio la razón: la firma era falsa. El fallo anuló la renuncia, anuló todos los actos derivados, y condenó a la provincia a indemnizarla.

O sea que no es un mito urbano. Es una práctica. Con jurisprudencia en contra y todo, pero práctica al fin.

Y no es un caso aislado. Basta mirar lo que pasó con el diputado Miguel Núñez, que se corrió del PRO y terminó generando un planteo del propio partido de Mauricio Macri reclamando esa banca.

El Tribunal Electoral, otra vez, se lavó las manos: "Muchachos, eso lo tienen que arreglar ustedes en la Legislatura." Porque el Tribunal certifica el resultado de la elección, entrega los diplomas, y después, si te vi, no me acuerdo. Lo que pasa con la banca, con el bloque, con la lealtad partidaria una vez que el diputado ya está sentado en su banca, queda librado a la correlación de fuerzas de cada momento.

Ni la ley ni el organismo de control tienen mucho para decir al respecto. Y ahí, exactamente ahí, es donde se cuela la renuncia en blanco: en ese vacío que nadie regula porque se supone que la política se autorregula sola.

Ahora la pelota está en la Legislatura. El Tribunal Electoral ya avisó que no piensa meterse: verifica el acto eleccionario, entrega los diplomas, y lo que pase después —quién se queda en qué bloque, quién dice representar a quién— es asunto de los propios diputados.

Con las comisiones arrancando hoy y el Presupuesto 2027 ya adentro de la Cámara, catorce legisladores van a tener que decir, formalmente, de qué bloque son. No de qué partido. De qué bloque.

Carlos Eduardo Rovira, mientras tanto, escribió una carta desde donde estuviera viajando. En ella dice que no sabe bien si su espacio, Encuentro Misionero, cuenta con cinco, seis o siete diputados —lo cual ya dice bastante sobre el estado de la cuestión— pero adelanta que van a acompañar el Presupuesto.

Es lo mínimo que puede hacer: así funcionó siempre el oficialismo misionero cuando era uno solo, dándole gobernabilidad al que gobierna, sea el presidente de la Nación o el gobernador de la provincia. La diferencia es que ahora el gobernador y la estructura que lo sostenía durante veintitrés años ya no son la misma cosa.

¿Se pelean, no se pelean, se van a juntar después?

Es la pregunta que circula, dudando si esto termina en portazo definitivo o en una nueva reconciliación de las tantas que ya vivió el oficialismo misionero en dos décadas y media de historia compartida.

Yo prefiero mirar los hechos y no las intenciones: cada señal que aparece indica que no hay reconciliación a la vista.

El desdoblamiento del gabinete provincial, el corrimiento de funcionarios roviristas de organismos clave como EMSA y la ATM, la llegada de intendentes de cercanía al gobernador para ocupar esos lugares, los dos senadores nacionales que respondían al ya caduco Frente Renovador de la Concordia se dividieron en dos monobloques (el Senado de la Nación se pareece cada vez más a una inmobiliaria por tantos monobloques que coexisten) uno que responde a Rovira y el Encuentro Misionero esa es la denominación de su bancada) y la otra senadora formó el Movimiento Por Misiones (MPM) ¿respondiendo al gobernador?...

Todos esos no son gestos de pareja en crisis que se va a reconciliar el fin de semana. Es una ruptura que se profundiza, capítulo a capítulo, y que todavía no tocó fondo.

Y en el medio de esa situación, la pregunta que de verdad importa no es cuántos diputados tiene cada bloque, ni cómo se van a llamar, ni quién le vota el Presupuesto a quién. La pregunta es qué clase de contrato es el que un dirigente firma cuando entra a la política misionera.

Porque si ese contrato incluye, aunque sea de manera tácita, la renuncia anticipada a la propia banca, entonces no estamos hablando de una anécdota de laboratorio político. Estamos hablando de la anulación práctica de la representación popular.

El diputado deja de responder a quien lo votó y empieza a responder a quien guarda el papel firmado en un cajón.

Y esa lógica, una vez instalada, no discrimina colores partidarios: sirvió para el Frente Renovador de la Concordia cuando era una sola fuerza, y ahora amenaza con repetirse puertas adentro de su propia fractura, con Encuentro Misionero del lado de Rovira y el Movimiento Por Lo Que Viene del lado de Passalacqua disputándose el mismo método.

Ahí está el problema de fondo, el que no se resuelve con un comunicado de catorce diputados diciendo "yo no firmé".

La militancia es el oxígeno de cualquier espacio político, siempre que haya ida y vuelta.

Cuando eso se reduce a un papel firmado en blanco, cuando la lealtad se garantiza con una amenaza guardada en un cajón y no con la construcción de un proyecto compartido, algo se rompió. Y se rompió feo.

Tan feo que ya hay un fallo judicial firme, desde 2004, que debería haber servido de lección. Y no sirvió.

Marcelo Telez

Director RPD Oberá