Mucho Equilibrio Fiscal pero el Equilibrio Social te lo debo, por Marcelo Telez

Uno escucha el debate público de estos días —y más todavía a medida que se acerca el tiempo electoral— y encuentra que el gran tema, la gran meta, el horizonte indiscutible de casi todo el arco político es el equilibrio fiscal.

El Gobierno nacional lo instaló como su prioridad excluyente, y es entendible: desde ese precepto ordenan todo lo demás. Primero se paga la deuda. Primero se privilegia el negocio financiero.

Y después que venga lo que venga, siempre y cuando no comprometa ese ajuste que le permite al país seguir tomando deuda —el deporte favorito, al parecer, de Javier Milei, Toto Caputo y compañía.

Hasta ahí, el relato tiene una coherencia interna. Discutible, pero coherente.

El problema aparece cuando uno empieza a escuchar a otros candidatos, otros gobernantes, otras voces del interior que repiten la misma melodía: el equilibrio fiscal como primera y última razón de toda política pública.

En nuestra ciudad, el intendente Pablo Hassán. En la provincia, el gobernador Hugo Passalacqua. Y muchos otros a lo largo y a lo ancho de la geografía argentina. Todos entonando el mismo cántico, como si Jauretche tuviera razón: la colonización pedagógica ya hizo su trabajo.

Claro que a nadie le gusta deber más de lo que tiene. El déficit crónico fue durante décadas un problema real, y negarlo sería deshonesto.

Pero hay una pregunta que nadie quiere hacerse con la misma energía con la que se defiende el superávit: ¿qué pasa con el equilibrio social? ¿Por qué hay que poner el carro delante de los caballos, si al final son los caballos los que tienen que tirar?

Si el mandato de un gobernante es darle bienestar al pueblo —ese mismo pueblo al que después le va a pedir el voto— entonces la pregunta por el equilibrio social no es un capricho de la oposición ni una nostalgia del gasto público desbocado.

Es la pregunta política más urgente que existe. Y sin embargo, casi nadie la formula. Porque la colonización pedagógica ya convenció a buena parte de la dirigencia de que hablar de lo social es irresponsable, y hablar de lo fiscal es serio.

Es en ese punto donde empiezan a aparecer, con nombres propios, quiénes son los que pagan la cuenta de esta fiesta que es, indudablemente, para pocos.

Los jubilados: el ajuste que nadie llama por su nombre

Hay 7,4 millones de jubilados en Argentina. El 63,5% cobra la jubilación mínima. Ese haber, con el bono de refuerzo congelado desde marzo de 2024 —el mismo bono que debería valer hoy más de 177 mil pesos según el CEPA y que sigue en 70 mil—, no alcanza para cubrir la canasta básica de un adulto mayor.

El ingreso promedio del sistema previsional cerró 2025 un 23% por debajo del nivel de 2023.

El Congreso intentó dos veces reparar eso. Dos veces el Presidente vetó. La primera, Milei celebró con un asado y llamó "héroes" a los 87 diputados que sostuvieron el veto.

La segunda, el argumento fue idéntico: "cualquier incremento que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este presidente". El equilibrio fiscal es el muro. Los jubilados son los que lo golpean de este lado.

Desde el interior, desde Misiones, uno ve lo que los números no cuentan del todo: un jubilado que tiene que elegir entre el medicamento y el gas no es una variable macroeconómica. Es la consecuencia directa de haber decidido que el equilibrio social puede esperar.

Discapacidad: cuando la emergencia es el Estado

Más de 300.000 personas con discapacidad en todo el país dependen de un sistema de prestaciones que, a lo largo de 2024 y 2025, acumuló un atraso arancelario del 70% frente a la inflación.

Las instituciones que las atienden cobran con 60 o 90 días de demora y con valores que no cubren ni los costos salariales. El resultado es que el 20% de los prestadores bonaerenses ya cerró.

El Congreso aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad con mayoría calificada. Milei la vetó. El argumento fue el de siempre: el impacto fiscal —estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI— era inaceptable. No inaceptable el costo de dejar sin tratamiento a personas que lo necesitan para sobrevivir. Inaceptable el costo para el balance del Estado.

La ANDIS terminó envuelta en un escándalo por presuntas coimas, su titular fue removido y el organismo fue disuelto. Eso no puede usarse como coartada para no garantizar derechos.

El fraude hay que perseguirlo con la ley; los derechos hay que garantizarlos igual.

Salud y educación: la inversión que se contabiliza como gasto

El Presupuesto 2026 —el primero que el gobierno de Milei logró aprobar en el Congreso— consolida recortes en áreas que cualquier economista serio reconoce como inversión de largo plazo.

La Educación cae en términos reales. Las universidades nacionales reciben menos. La ciencia y la tecnología, que ya venían de un 0,26% del PBI en 2023, siguieron achicándose. Solo el Ministerio de Desregulación de Sturzenegger creció: un 80% real.

Un país que desfinancia su educación no está equilibrando sus cuentas: está hipotecando su futuro.

Un Estado que recorta salud pública en un país donde millones no pueden pagar medicina prepaga no es más eficiente: es más cruel. Y la crueldad, cuando está repartida de manera desigual, no es austeridad. Es política.

Trabajo y vivienda: la promesa que todavía no llegó

La informalidad laboral trepó al 43,2% en 2025. Cuatro de cada diez trabajadores argentinos no tienen obra social, no aportan a la jubilación y no tienen ninguna red de protección ante la enfermedad o el despido.

El empleo registrado creció en algunos sectores, es cierto. Pero la precarización avanza en paralelo, sin titular de diario.

La vivienda popular sigue siendo la gran ausente.

Los programas habitacionales fueron vaciados o directamente desmantelados. Las familias que esperaban acceder a un crédito accesible siguen esperando.

Y los que alquilan —que son millones— saben de qué hablamos: los precios subieron sin techo mientras los salarios corrían detrás de una inflación que bajó más lentamente de lo prometido.

¿En qué columna del superávit aparece esa deuda? ¿A qué línea del balance corresponde una familia que trabaja y no puede vivir dignamente?

Las infancias: el número que no alcanza

Aquí los datos obligan a la honestidad en ambas direcciones. La pobreza infantil bajó, y decirlo es necesario. El pico fue de más del 67% en el primer semestre de 2024; hoy ronda el 46%, con proyecciones de seguir descendiendo.

Ese descenso, motorizado en parte por la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, es real.

Pero el 46% sigue siendo casi la mitad de los chicos y chicas de la Argentina. Y la inseguridad alimentaria severa afectó al 16,5% de los niños y adolescentes en 2024.

Más de 4 millones de chicos no tuvieron garantizada la alimentación durante ese año. El rebote estadístico es una buena noticia; la foto completa, todavía no.

El equilibrio social con las infancias no se mide solo por la caída de la pobreza monetaria. Se mide también en el acceso real a la salud, en la educación pública de calidad, en los comedores escolares, en las prestaciones para niños con discapacidad.

Y en todos esos frentes, el horizonte sigue siendo motivo de preocupación.

La fiesta es para pocos. La cuenta la pagan todos.

El ajuste fiscal existe. El superávit existe. Son datos reales.

Pero hay otra hoja de balance que los funcionarios no muestran en sus presentaciones: la de los jubilados que perdieron poder adquisitivo, la de las personas con discapacidad sin tratamiento, la de los niños que comen una vez por día, la de los trabajadores informales sin red de protección, la de las familias que no tienen techo propio.

Esa hoja existe. Y describe con precisión a quiénes les tocó pagar la fiesta. No a los que tienen bonos soberanos en sus carteras. No a los que acceden al carry trade. No a los que pueden colocar sus excedentes en fondos money market mientras el dólar estuvo quieto. A ellos les fue bien.

A los jubilados con el bono congelado, a la persona con discapacidad que perdió su prestación, al niño que dejó de ir al comedor porque el servicio se cortó, a esos les fue diferente.

Jauretche tenía razón: la colonización pedagógica llega primero. Y cuando todo el mundo —oficialismo, oposición, intendentes, gobernadores— repite que lo más importante es el equilibrio fiscal, y nadie se pregunta con la misma energía por el equilibrio social, hay que sospechar que la pedagogía ya hizo su trabajo.

Desde el interior, desde Misiones, desde este periodismo que insiste en mirar lo que pasa desde acá y no solo lo que se narra desde Buenos Aires, la conclusión es la misma que venimos sosteniendo: el equilibrio fiscal llegó.

El equilibrio social todavía te lo deben.

Marcelo Telez

Director- RPD Oberá