Micaela Gacek descubre y profundiza la red de dirigentes políticos con beneficios por discapacidad

Los nuevos datos confirman varios candidatos de la lista de Cacho Bárbaro cobraron pensiones mientras hacían campaña, y que en algunos casos las prestaciones fueron abandonadas justo antes de asumir cargos públicos.

Además de las dirigentes electas —una diputada provincial y otra concejal de San Vicente— que también estuvieron inscriptas como beneficiarias.

Los casos no solo se multiplican, sino que dejan entrever una ruta de pensiones a beneficio de dirigentes políticos, cuya verdadera magnitud aún está en evaluación.

Uno de los nuevos nombres es el de Edgardo Nitsche, empresario panadero de Colonia Aurora, quien fue candidato en la lista del PAyS y figura como beneficiario de una pensión por discapacidad. Su hija, Karen Nitsche, también cobra el mismo beneficio.

A ellos se suman Jorge Rafael Trindades y Alberto Ramón Méndez, ambos candidatos a diputados provinciales en la misma lista de junio de este año, y también vinculados al sistema de pensiones.

El caso de Blanca Alvez, diputada provincial en ejercicio, generó especial indignación: renunció a su pensión por discapacidad justo antes de asumir su banca, y ahora ocupará una banca como concejal de San Vicente.

Para muchos, esto representa una burla a quienes realmente necesitan apoyo del Estado.

También figura Elisa Goring, diputada electa y esposa del intendente Carlos “Cali” Goring, quien renunció a su pensión justo cuando empezó la campaña electoral. A su vez, la hija de ambos también figura como beneficiaria, lo que refuerza el patrón de cobros en entornos familiares directamente ligados al poder político local.

Cabe recordar que esto podría formar parte de un modus operandi más amplio, donde las pensiones eran gestionadas a través de intermediarios ligados a estructuras partidarias vinculadas al Kirchnerismo y al PAyS, y parte del primer pago —que incluye retroactivos— quedaba en manos de los gestores. Este esquema, aún bajo análisis, pone en cuestión la legalidad y el verdadero fin de estas asignaciones.

Desde que comenzaron las denuncias, Gacek ha presentado pedidos formales ante la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, la Cámara de Representantes de Misiones y el Concejo Deliberante de Colonia Aurora.

La investigación apunta a desenmarañar una red que habría utilizado las pensiones como herramienta de fidelización y financiamiento partidario.

Lejos de frenar, la investigación entra ahora en una nueva etapa, donde se analiza información adicional y se preparan nuevas acciones formales. La abogada Gacek confirmó que hay más casos en revisión y que no permitirá que el escándalo se diluya como un simple episodio mediático.

Su objetivo, asegura, no es solo exponer, sino también restablecer la transparencia y la equidad en la distribución de recursos sociales.

Su investigación busca dar respuesta a cientos de personas con discapacidad real que hoy, en Misiones, siguen esperando una ayuda que otros ya usaron como atajo político.