Los Sackler, el cartel que generó una crisis de drogas en EE.UU. y no pasó un día de cárcel

La crisis de fentanilo en Estados Unidos no empezó en Venezuela, ni en China ni tampoco en México.

Por el contrario, los creadores de la epidemia de opiáceos, que luego derivó en consumo de heroína y fentanilo, fueron (o son) una familia blanca estadounidense propietaria de la farmacéutica Purdue Pharma.

Al día de hoy, mientras Donald Trump bombardea lanchas “narcos” en El Caribe, los Sackler siguen libres de cargos sin haber pasado un solo día en la cárcel por una epidemia que asesinó, al menos, a 700 mil estadounidenses entre 1999 y 2023, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

La dimensión de esta matanza supera solo, en un año, a la muerte de soldados estadounidenses en Vietnam.

Estados Unidos, por supuesto, ya ha vivido periodos parecidos de crisis sanitaria por el consumo de drogas. La heroína se consumía como un placebo en los tiempos de su independencia, la cocaína se difuminó como una plaga por todo el país en los años 80 y 90, y lo mismo el crack por los barrios afro estadounidenses de las grandes ciudades.

Eso sin contar el auge del LCD a mediados de los 60, según un ensayo del periodista estadounidense Andrew Sullivan.

Pero todo comenzó con la comercialización y promoción de un solo medicamento, el Oxycotin, un alcaloide que contiene opioides, propiedad de Purdue Pharma.

Estos “tienen un gran efecto en el cerebro humano porque aprovechan nuestros receptores naturales opioides mu. La oxitocina que experimentamos por el amor, la amistad o el orgasmo es replicada químicamente por las moléculas derivadas de la planta de amapola”, según Sullivan.

En 1996, la farmacéutica Purdue Pharma lo lanzó después de sobornar a Curtis Wright, regulador de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), para que la etiqueta del medicamento no señalara los peligros de adicción que generaba su consumo.

Unos años después, Wright abandonó su puesto en la FDA y consiguió un jugoso salario de varias cifras en la farmaceútica, de acuerdo a los documentos revelados en una causa judicial.

Luego pagaron a expertos médicos para que señalaran las bondades del Oxycotin para aliviar el dolor. Y comenzaron una agresiva campaña de publicidad y promoción comercial reclutando doctores para que recetaran el medicamento con mayor frecuencia y con mayores dosis. Los críticos, por supuesto, fueron silenciados y atacados por la farmacéutica.

El cálculo era sencillo; a medida que los consultorios se volvían en dispendios de recetas de Oxycotin, más ganancias se generaban. Purdue Pharma, en los años 2000, llegó a tener dividendos de hasta dos mil millones de dólares por año, según Patrick Radden Keefe, autor del libro el Imperio del Dolor.

Algunas series, como Dopesick o Pain Killer, narran este gran drama nacional. Padres que son operados y se vuelven adictos al Oxycotin cuando se los recetan para calmar el dolor, jóvenes que compran las pastillas y las muelen para aspirarlas en las fiestas, mujeres desempleadas que comienzan a matar sus tiempos libres con el consumo de estas pastillas de forma recreativa. En gran parte, la epidemia coincide con la desindustrialización y los problemas económicos de Estados Unidos.

Para el periodista Andrew Sullivan, Estados Unidos “consume el 99% de la hidrocodona del mundo y el 81% de la oxicodona. Se estima que se utiliza 30 veces más opioides de los que son médicamente necesarios para una población de nuestro tamaño. Entre 2007 y 2012, por ejemplo, se entregaron 780 millones de pastillas de hidrocodona y oxicodona a Virginia Occidental, un estado con apenas 1,8 millones de habitantes. En una ciudad de 2.900 habitantes, se procesaron más de 20 millones de recetas de opioides en la última década. A nivel nacional, entre 1999 y 2011, las prescripciones de oxicodona se multiplicaron por seis. El consumo nacional per cápita de oxicodona pasó de unos 10 miligramos en 1995 a casi 250 miligramos en 2012”.

Para Sullivan; “con el tiempo los médicos se dieron cuenta de la magnitud de su error. Entre 2010 y 2015, las recetas de opioides disminuyeron un 18%. Pero si fue un error enorme y bien intencionado crear este ejército de adictos, fue aún mayor cortarles el suministro. Fue entonces cuando los adictos se vieron obligados a recurrir a las pastillas del mercado negro y a la heroína callejera. Una vez más, el canal de suministro ilegal rompió con patrones anteriores. Ya no estaba controlado por los cárteles establecidos en las grandes ciudades que históricamente habían sido la principal fuente de narcóticos. Esta vez, la heroína –especialmente la barata heroína de alquitrán negro procedente de México– procedía de pequeñas operaciones de narcotráfico que evitaban las grandes zonas urbanas, siguiendo en cambio el rastro de las clínicas de metadona y las fábricas de pastillas hasta el corazón de Estados Unidos. Comprar heroína se volvió tan fácil en los suburbios y las zonas rurales como comprar marihuana en las ciudades. Sin violencia, bajo riesgo, entorno familiar: todo un sistema diseñado específicamente para proporcionar un colocón limpio, amigable y de clase media. Luego vino el fentanilo, un opioide masivamente concentrado que ofrece hasta 50 veces la potencia de la heroína. Desarrollado en 1959, ahora es uno de los opioides más utilizados en la medicina mundial; su milagroso alivio del dolor se administra mediante parches transdérmicos o pastillas, que han revolucionado la cirugía y la recuperación y han ayudado a salvar innumerables vidas. Pero en su forma cruda, es una de las drogas más peligrosas jamás creadas por los seres humanos”.

El fentanilo es el clavo en el ataúd de la crisis de opiáceos en Estados Unidos, según el periodista Daniel Arjona.

Por supuesto, cuando la crisis de opiáceos estalló, la familia Sackler, propietaria de Purdue Pharma, se anticipó a las acciones judiciales en su contra.

Primero, Richard Sackler renunció a la dirección ejecutiva de la compañía para evitar que fuera culpado penalmente. Y luego accionó para que los gerentes no fueran metidos en prisión en los procesos judiciales en su contra. Uno de los más públicos fue el presentado por los fiscales de Virginia Occidental por publicidad engañosa.

Ahí, gracias al lobby del exalcalde de Nueva York, Rudy Giulani, la empresa solo se declaró culpable, en un caso presentado por fiscales federales en Virginia, de cargos penales por mala marcación y reconoció que Purdue había comercializado OxyContin “con la intención de defraudar o engañar”. Michael Friedman, el vicepresidente ejecutivo, se declaró culpable de un delito menor, al igual que Howard Udell y el director médico de la empresa, Paul Goldenheim. Ninguno fue a prisión.

Las ventas continuaron como si nada hubiera sucedido. Según un expediente del Departamento de Justicia, entre 2010 y 2018, Purdue Pharma “envió representantes de ventas a visitar a prescriptores que la compañía sabía que estaban facilitando recetas médicamente innecesarias”.

La empresa también supuestamente pagó sobornos a los prescriptores, motivándolos a recetar aún más opioides, y “pagó sobornos a farmacias especializadas para inducirlos a dispensar recetas que otras farmacias se negaron a surtir”.

Además pagó dinero, a través de una subsidiaria, a la empresa Practice Fusion para que, en su plataforma de registros médicos, promoviera que los doctores recetaran Oxycotin. Las escasas consecuencias judiciales, en contra de la empresa, sus accionistas y gerentes, profundizó la tendencia a maximizar la ganancia a costa de un ejército de adictos y familias rotas. Pero los hermanos Richard y Mortimer Sackler sabían que algún día las demandas tocarían sus puertas.

Así que diagramaron una estrategia para sortear las penas de cárcel y sacar el dinero del radar de las autoridades.

La empresa se presentó en quiebra seis meses después de que los Sackler fuera demandados por primera vez en 2019. Cambiaron el domicilio a White Plains, Nueva York, para que el caso cayera en el juzgado de Robert Drain, un antiguo abogado corporativo nombrado durante la Administración de George Bush.

El juez de inmediato suspendió las demandas contra la empresa y los miembros de la familia hasta que decidiera los términos de la quiebra. Según el escritor Patrick Radden Keefe, autor del libro Un Imperio del Dolor; “la familia sabía ya en 2014 que la empresa algún día podría enfrentarse a la perspectiva de sentencias perjudiciales.

Para protegerse en este día decisivo, los Sackler desviaron asiduamente dinero de Purdue y lo transfirieron al extranjero, fuera del alcance de las autoridades estadounidenses. Cuando la empresa declaró en quiebra, tenía efectivo y activos por aproximadamente mil millones de dólares. En una declaración, uno de los propios expertos de la empresa testificó que los Sackler habían sustraído nada menos que trece mil millones de dólares de Purdue”.

Los Sackler sabían que se les venía el Departamento de Justicia, 47 estados y otros tantos particulares.

En 2021, la familia propietaria de Purdue Pharma fue condenada por el juez Robert Drain a pagar 4.500 millones de dólares para financiar tratamientos de adicción y otras soluciones a la epidemia de opioides. A cambio del millonario pago, la familia recibiría inmunidad judicial frente a cualquier demanda futura por ser los principales accionistas de la farmacéutica responsable de la crisis de opioides.

El fallo fue criticado por alguno de los fiscales y funcionarios judiciales involucrados en el proceso. “Pueden retener literalmente miles de millones de dólares que sacaron de Purdue Pharma, mientras causaban adicción y muerte en todo nuestro país y en todo el mundo”, dijo el fiscal general de Maryland , Brian Frosh.

En la elaboración de este acuerdo, el Departamento de Justicia, dirigido por William Bar durante la primera Administración Trump, jugó un papel clave para negociar el fin de las investigaciones federales en contra de la farmacéutica a cambio del pago millonario y que los Sackler se declararan culpables por defraudar a los Estados Unidos y conspirar para violar las leyes contra sobornos.

“El acuerdo no contemplaba los cientos de miles de muertes ni los millones de adicciones causados por Purdue Pharma y la familia Sackler. En cambio, permitía a los multimillonarios conservar sus miles de millones sin rendir cuentas de cuánto ganaron realmente”, declaró la por entonces fiscal general de Nueva York, Letita James. Por supuesto, esto no llamó para nada la atención; según los registros de sus donaciones, los Sackler financiaron, en su mayoría, a candidatos republicanos.

Todos estos procesos judiciales dejaron intacta la riqueza de los hermanos Richard y Mortimer Sackler, y sus herederos. Solo uno de los hermanos, Mortimer, para 2019, tenía cuentas offshores en las Bermudas y Nueva Jersey por 7 mil millones de dólares, según los datos bancarios hallados en una investigación de la agencia AP.

Las cuentas pertenecen a una red vinculada a Mundipharma, otra farmacéutica propiedad de la familia. A través de ella continúan con la venta de opioides en Asia, Europa y América Latina. Su riqueza sigue intacta pese a haber generado una de las mayores de crisis de adicción de la historia.

El problema es que, incluso, para la justicia estadounidense, la declaración de quiebra fue demasiado; en un fallo, la Corte Suprema anuló el fallo que los exoneraba de cargos penales y los obligaba a pagar 4.500 mil millones de dólares. El máximo tribunal dictaminó que los “Sackler no tienen ese privilegio porque no se declararon en bancarrota a título personal y, por lo tanto, no podían beneficiarse de la situación de su empresa”, según The New York Times.

Después de esta anulación, este año, el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York determinó que los Sackler disuelvan su empresa y cedan su propiedad para crear una compañía con el nombre Knoa Pharma, dedicada a fabricar cantidades limitadas de analgésicos opioides y medicamentos para revertir las sobredosis de opioides. Sus ganancias se destinarán a programas para paliar la devastación sanitaria relacionada con los opioides.

Además, la compañía pagará, al menos, 7.500 millones de dólares en un plazo de 15 años a estados, municipios comunidades, hospitales, escuelas, tribus y 150 mil afectados por la crisis de opiáceos derivada del Oxycotin.

El lado B del fallo es que todos estos afectados recibirán un total de 865 millones de dólares, lo que en la práctica representa un monto bruto de entre 7.000 y 16.000 dólares para cada una de las víctimas si logran probar que el medicamento fue responsable de la muerte de familiares o, por ejemplo, de que nacieran niños con síntomas de abstinencia de opioides por el consumo problemático de sus padres.

Otro costado nefasto del acuerdo es que los Sackler aceptaron exponerse a demandas penales a cambio de la creación de un fondo de reserva para combatir dichos casos. El dinero para financiar estos litigios en su contra saldrá de la retención de 200 millones de dólares destinados a los estados. “Si se agota ese dinero, el fondo deberá reponerse hasta alcanzar los 800 millones de dólares”, de acuerdo a The New York Times.

Esto en la práctica significa que las víctimas pagarán los abogados de la familia para defenderse en los tribunales con el dinero que supone es para ellos. También solo le permite emprender acciones legales a los estados, o municipios, con la capacidad monetaria suficiente para sostener batallas judiciales largas y costosas. Uno de ellos, por ejemplo, es la ciudad de Baltimore que hasta la fecha ha conseguido pagos por 600 millones de dólares.

Gracias a esto, la suerte de los Sackler puede ser igual a la de Walter Rauff, el nazi que inventó las cámaras de gas en los campos de concentración. Rauff no pasó ni un día en la prisión gracias al refugio que le dio Augusto Pinochet en Chile.

De forma paradójica, la Administración Trump no ha declarado como un cartel narcoterrorista a esta familia, ni se ha planteado bombardear a todos sus miembros, por haber inundado las calles estadounidenses de drogas, y matado a millones de jóvenes estadounidenses.

Según esta lógica, los jefes de los carteles suelen tener piel marrón con rasgos indígenas o mestizos y hablar en español, no ser blancos, vivir en mansiones y hablar en inglés.

Bruno Sgarzini

Diario Red