La Justicia rechazó apelación del Gobierno y le exigió aplicar de “inmediato” la Ley de Financiamiento Universitario

En una nueva semana de protestas de la docencia universitaria a raíz de las condiciones salariales, la Justicia rechazó una apelación presentada por el Poder Ejecutivo para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), votada el año pasado por el Congreso, vetada posteriormente e insistida por ambas cámaras por más de dos tercios.

La decisión de la Cámara Contencioso Administrativo Federal se conoció el martes 31 de marzo.

De esta manera, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ratificaron el fallo que en diciembre pasado había emitido el juez Enrique Cormick y le ordenaron al Gobierno que la norma se aplique de “inmediato”.

Además, los magistrados resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la implementación de la ley es “bajo” y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, sí correría riesgo un derecho central como es la educación pública.

A su vez, los jueces calificaron a los argumentos del PEN -para no cumplir con la norma- como “poco serios”.

En la misma línea, exigieron puntualmente la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025.

Y resolvieron, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas.

El mes pasado, el Gobierno nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro. En paralelo, envió un nuevo proyecto al Congreso para modificar la 27.795.

La cautelar había sido dictada en diciembre pasado por el juez federal Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario.

Parlamentario