Los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández avalaron el cierre del programa. La UTEP ya difundió un comunicado de rechazo y advirtió que "el hambre no espera".
Durante casi tres meses, una sola resolución judicial sostuvo el ingreso de más de 900.000 familias que integran la economía popular argentina.
Esa protección se terminó, y ahora ya se conocen los nombres propios detrás de la decisión.
La Cámara Federal de San Martín confirmó que fueron los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández quienes, el 13 de julio, revocaron la medida cautelar que desde abril obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el pago del programa Volver al Trabajo.
El fallo hace lugar a la apelación presentada por la cartera que conduce Sandra Pettovello y anula la resolución original del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, que había ordenado sostener los pagos hasta que el Estado implementara una alternativa equivalente.
La consecuencia concreta ya tiene fecha: en agosto, más de 900 mil personas dejarán de cobrar los $78.000 mensuales del programa.
Los fundamentos del fallo
A diferencia de lo que se sabía el lunes, ahora hay precisión sobre qué argumentó el tribunal para revertir la cautelar.
Los camaristas sostuvieron, en síntesis, cuatro puntos: que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de definir y concluir programas sociales sin que exista un derecho adquirido a su continuidad; que los actos del Estado gozan de presunción de legitimidad, lo que refuerza su autonomía para gestionar fondos y políticas públicas; que sostener la transferencia por vía cautelar constituía un adelantamiento del veredicto final que todavía debe dictarse sobre el fondo del asunto; y que, en rigor, no se habían acreditado los requisitos legales para admitir una medida cautelar — ni peligro en la demora, ni verosimilitud suficiente en el derecho invocado.
El tribunal remarcó además que el programa tenía, desde su creación, una vigencia limitada a dos años.
La resolución se dictó con costas por su orden, es decir que cada parte deberá afrontar sus propios gastos judiciales.
Qué pasa a partir de agosto
El esquema que reemplaza a Volver al Trabajo ya tiene nombre y diseño concreto. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Julio Cordero, dejará de enviar transferencias monetarias directas a los beneficiarios.
En su lugar, los recursos se redireccionarán como vouchers de capacitación laboral hacia empresas, centros formativos provinciales y organizaciones a cargo de talleres profesionales.
Desde la Casa Rosada agregaron un dato que irá directo al centro del debate público: afirmaron que parte de los fondos liberados se destinará a financiar la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias de zonas de alta vulnerabilidad social.
El otro programa que había absorbido a parte de los ex beneficiarios de Potenciar Trabajo, el Programa de Acompañamiento Social (PAS), no se ve afectado por este fallo: mediante la Resolución 90/2026, el Ministerio de Capital Humano fijó su vigencia en 48 meses desde 2024, lo que lo extiende hasta 2028.
La reacción: de la calle al comunicado oficial
La UTEP, que había impulsado el amparo original, esta vez no esperó y salió con un comunicado formal apenas conocido el fallo: "La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario."
Desde el Polo Obrero, Eduardo Belliboni había sido el primero en salir a cruzar la decisión, calificándola como una nueva muestra del desprecio del Gobierno hacia los trabajadores sociales que sostienen los comedores populares, y confirmó que la respuesta incluirá asambleas y cortes de ruta.
La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, apuntó además contra los gobernadores que acompañan al oficialismo nacional, advirtiendo que el impacto en las economías regionales terminará "estallándoles en las narices".
Para quienes quieran un canal más institucional de información, la abogada Tamara Bezares anunció un encuentro virtual para explicar el alcance de la resolución judicial, programado para el martes 21 de julio a las 18 horas.
Un ingreso que ya venía devaluado
Más allá de la discusión judicial, hay un dato que atraviesa todo el conflicto: el monto de Volver al Trabajo está congelado en $78.000 desde diciembre de 2023.
Si hubiera seguido actualizándose según el salario mínimo, vital y móvil —como establecía la norma original— hoy debería rondar los $186.200. La pérdida acumulada es del 58% respecto de lo que indicaba la norma, y del 76% frente a la evolución de la canasta básica alimentaria.
Es decir: incluso antes de esta revocación, el ingreso ya representaba una fracción cada vez más chica de lo que fue en su origen. Lo que la Cámara de San Martín acaba de resolver, con nombre y firma, no es si ese monto alcanza o no — es que el Estado ya no tiene obligación de seguir pagándolo mientras la Justicia termina de resolver el fondo de la cuestión.
ANEXO ESTADÍSTICO
Cuadro 1 — El programa en números
| Dato | Valor |
|---|---|
| Beneficiarios originales del padrón | 937.132 personas |
| Prestaciones efectivamente liquidadas en la última tanda | ~928.000 |
| Monto mensual actual | $78.000 |
| Monto vigente desde | Diciembre de 2023 (congelado, sin actualización) |
| Monto que correspondería de haberse actualizado por SMVM | $186.200 |
| Pérdida respecto de la norma original | 58% |
| Pérdida respecto de la canasta básica alimentaria | 76% |
| Partida liquidada por el Estado durante la vigencia de la cautelar | $72.384.000.000 |
| Norma de creación | Decreto 198/2024 |
| Programa antecesor | Potenciar Trabajo |
| Esquema oficial de reemplazo | Vouchers de capacitación laboral (Secretaría de Trabajo, Julio Cordero) |
| Programa social no afectado por este fallo | Programa de Acompañamiento Social (PAS) — vigente hasta 2028 |
Cuadro 2 — Cronología completa del conflicto judicial
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 7 de abril de 2026 | Capital Humano anuncia el fin del programa, con último pago el 9 de abril |
| 21 de abril de 2026 | El juez de Campana, Adrián González Charvay, dicta la cautelar y ordena restituir el pago |
| 22 de abril de 2026 | Capital Humano anuncia que apelará la decisión |
| 28 de abril de 2026 | El Gobierno confirma que acatará el fallo mientras dure la apelación |
| Mayo–julio de 2026 | ANSES sostiene el pago mensual de $78.000 mientras el expediente tramita en la Cámara de San Martín |
| 13 de julio de 2026 | La Cámara Federal de San Martín (Salas, Morán y Fernández) revoca la cautelar |
| 14 de julio de 2026 | Se conocen los fundamentos completos del fallo y el comunicado oficial de la UTEP |
| 21 de julio de 2026 | Encuentro virtual informativo convocado por la abogada Tamara Bezares, 18 hs |
| Agosto de 2026 | Fecha en la que se hace efectivo el corte del pago |
Cuadro 3 — Quiénes firman y quiénes litigan
| Rol | Nombre |
|---|---|
| Jueces de Cámara que firman la revocación | Juan Pablo Salas, Marcos Morán, Marcelo Darío Fernández |
| Juez de primera instancia (cautelar original) | Adrián González Charvay (Juzgado Federal de Campana) |
| Ministra apelante | Sandra Pettovello (Ministerio de Capital Humano) |
| Secretario a cargo del esquema de reemplazo | Julio Cordero (Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) |
| Organización que impulsó el amparo original | UTEP, con el respaldo de cinco trabajadores de la economía popular |
Cuadro 4 — Impacto económico
| Concepto | Estimación |
|---|---|
| Personas afectadas por el corte desde agosto | +900.000 (937.132 en el padrón original) |
| Ingreso mensual en juego por persona | $78.000 |
| Masa monetaria mensual que deja de circular | ~$72.000 millones |
Redacción RPD Oberá
