El “FBI" de Bullrich, Seguridad sin Justicia decretazo sin Constitución, por Pedro Ríos

Lo que se olvidó Bullrich Luro Pueyrredón es de ubicarlo dentro de la órbita de los controles institucionales o de las garantías constitucionales que regulan a su homónimo estadounidense.

Lo alarmante no es solo el concepto, sino el modo y los contenidos.

Este nuevo cuerpo se constituyó por decreto presidencial, sin debate parlamentario, y se le otorgan facultades típicas del Poder Judicial: desde la posibilidad de intervenir comunicaciones, infiltrar organizaciones sociales, hacer inteligencia en tiempo real y recolectar datos personales, hasta realizar investigaciones sin control judicial previo.

La ministra de Seguridad de la Nación, quien ya había manifestado su simpatía por métodos “expeditivos” para combatir el delito, concreta ahora un viejo anhelo: tener una estructura paralela de seguridad con poder autónomo, jerarquías internas militarizadas y una lógica de guerra interna, que se escuda en el combate al crimen organizado para justificar su existencia.

En la práctica, es un órgano con capacidad para actuar por fuera de los marcos legales establecidos por el Código Procesal Penal, algo que no solo roza lo inconstitucional, sino que directamente lo viola.

Un estatuto a la medida del control

El estatuto interno de esta agencia es otra fuente de preocupación. Le permite operar bajo un régimen de confidencialidad total, sin necesidad de rendir cuentas ni publicar informes, y le da libertad para actuar “preventivamente” ante posibles amenazas a la seguridad.

Es decir, puede investigar e intervenir incluso antes de que exista un delito concreto, lo que se traduce en persecución anticipada, estigmatización y vigilancia sobre ciudadanos sin culpa comprobada.

Además, no está subordinada a la autoridad judicial sino directamente al Ministerio de Seguridad, concentrando así poder en el Ejecutivo sin los frenos necesarios en una democracia republicana.

Se da un paso hacia la militarización del control interno, delegando en fuerzas especiales tareas que deben estar a cargo de fiscales y jueces.

De la “Ley Mordaza” al silencio cómplice

Paradójicamente, los sectores políticos y mediáticos que tiempo atrás tildaban de “ley mordaza” cualquier intento de legislar sobre delitos informáticos o discursos de odio, ahora guardan un silencio estruendoso ante un organismo que sí tiene potencial real para coartar libertades.

¿Dónde están ahora los defensores de la “libertad de expresión” que veían censura en un juzgado especializado en ciberdelito? ¿No tienen nada que decir sobre una agencia estatal que puede intervenir chats y redes sociales sin orden judicial?

Parece que la indignación selectiva funciona por conveniencia ideológica, no por principios democráticos.

Un laboratorio de ensayo autoritario

La creación del FBI criollo no es un caso aislado. Se inscribe en una serie de medidas del gobierno nacional que avanzan en la construcción de un Estado policial, donde se desfinancia lo público pero se fortalece lo represivo.

Y lo más grave: no se discute en el Congreso ni se somete a revisión judicial, porque se presenta como “necesidad y urgencia”.

El “Bullrichismo” como doctrina de seguridad está basado en el control, el miedo y la criminalización del conflicto social. Con esta nueva agencia, la línea entre seguridad e inteligencia política se borra por completo.

No estamos frente a una herramienta más en la lucha contra el narcotráfico o el crimen complejo: estamos frente a un aparato con potencial para vulnerar derechos fundamentales y espiar a la disidencia.

En nombre del orden, el gobierno de Javier Milei habilita una estructura represiva sin controles democráticos.

El FBI de Bullrich no es una solución: es un síntoma de una deriva autoritaria que ya dejó de ser discurso para convertirse en política de Estado.

Pedro Ríos