Cuando el orden fiscal se paga con menos consumo, por Cristian Castro

Hay una paradoja que atraviesa toda la política económica de Misiones en 2025 y que el discurso oficial intenta disimular: las cuentas del Estado aparecen ordenadas al mismo tiempo que la economía cotidiana de la gente se desordena.

Marcelo Telez
31 ene 2026 · 19:48 · 4 min de lectura
Cuando el orden fiscal se paga con menos consumo, por Cristian Castro

Mientras el gobierno provincial se muestra prolijo en los números, en la calle se siente otra cosa: menos consumo, menos movimiento, menos plata alcanzando a fin de mes.

La provincia recibió en 2025 muchos más recursos de la Nación que el año anterior. La coparticipación nacional creció fuerte en términos reales, sobre todo en los primeros meses del año, y terminó siendo el verdadero sostén de las cuentas públicas.

Sin esos fondos, el cuadro fiscal provincial sería directamente preocupante.

Esto no habla de eficiencia local, sino de dependencia (¿volvemos a los 90 dependencia de la coparticipación?).

Al mismo tiempo, la recaudación propia —la que depende de la actividad económica real de Misiones— mostró un comportamiento completamente distinto.

Después de un pequeño respiro en enero y febrero, empezó a caer en términos reales casi todos los meses del año. Y no cayó poco.

En el segundo semestre las pérdidas reales fueron de dos dígitos, con desplomes particularmente fuertes hacia fin de año. Eso no es un dato contable: es una señal clara de enfriamiento del consumo, caída de ventas y menor circulación de dinero en la economía provincial.

Y ahí aparece el vínculo que el gobierno provincial evita discutir. El ajuste acelerado que se aplicó sobre los salarios públicos —docentes, personal de salud, empleados del Estado— no fue neutro.

Pisando sueldos en un contexto inflacionario, el Estado provincial redujo el poder de compra de decenas de miles de familias. Menos salario real implica menos consumo. Menos consumo implica menos IVA, menos Ingresos Brutos, menos recaudación provincial. Es una cadena directa, sencilla, casi elemental.

Mientras se ajustaba hacia adentro, la provincia se sostenía hacia afuera con fondos nacionales. El resultado fue una paradoja: las finanzas cerraban, pero la economía se achicaba. El orden fiscal se logró sacrificando el mercado interno misionero, no fortaleciendo la estructura productiva ni la recaudación genuina.

Los datos lo muestran con crudeza: en 2025, el crecimiento real de los recursos totales solo se explica por la coparticipación. La recaudación propia no acompañó, se retrasó, cayó.

Y cuando la coparticipación se desaceleró, la recaudación total también empezó a mostrar signos de agotamiento. No hubo colchón interno que amortigüe.

Hacia diciembre, casi dos tercios de los recursos provinciales provinieron de la Nación. Esa es la foto final de un modelo que se presenta como austero y responsable, pero que en los hechos depende cada vez más de decisiones externas mientras debilita su base económica interna.

Este esquema no es sostenible en el tiempo. Ajustar salarios puede mejorar un Excel, pero deteriora la economía real. Y cuando se rompe el consumo, lo que cae no es solo la recaudación: cae el comercio, cae el empleo, cae la calidad de vida. Lo que hoy se muestra como equilibrio fiscal, mañana aparece como fragilidad estructural.

La pregunta de fondo no es si había que ordenar las cuentas, sino quién pagó el costo de ese orden. Y los números indican que lo pagaron los trabajadores y el consumo interno, no una reforma progresiva del sistema tributario ni una estrategia de desarrollo que fortalezca los ingresos propios de la provincia.

La estructura tributaria de Misiones expone una contradicción central del modelo económico vigente. El 91,9% de la recaudación propia proviene de Ingresos Brutos, un impuesto distorsivo y piramidal que no grava la renta ni la ganancia, sino la actividad.

Se paga aun cuando no hay rentabilidad y se acumula en cada eslabón de la cadena productiva, encareciendo precios y castigando al productor, al comercio y al consumidor.

Mientras tanto, los impuestos patrimoniales tienen un peso insignificante: el inmobiliario apenas representa el 1,64% de la recaudación.

En los hechos, se grava el trabajo y la producción, pero casi no se toca la riqueza acumulada. Este esquema no es neutral ni inevitable, es una decisión política que profundiza la regresividad del sistema y transfiere el ajuste a los sectores que sostienen la economía real.

No hay defensa posible del productor ni del mercado interno sin discutir seriamente esta matriz tributaria.

Seguir recaudando casi exclusivamente vía Ingresos Brutos es consolidar un modelo injusto que exprime a los que producen y trabajan, mientras posterga una reforma fiscal verdaderamente progresiva.

CPN Cristian Castro

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