Cristian Castro "La desregulación del sector yerbatero es un saqueo a los productores y tareferos"

A casi dos años de la implementación del DNU 70/23, que quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar precios, el legislador denunció una transferencia millonaria de recursos desde los pequeños productores hacia las grandes industrias concentradas.

Costos por las nubes y precios por el suelo

Castro presentó un estudio de caso certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, basado en un productor de alta eficiencia (con rendimientos de casi 11,000 kg por hectárea, muy por encima del promedio regional).

Los resultados son alarmantes:

• Costo de producción (2025): $391 por kilo de hoja verde.
• Precio recibido: Muchos productores apenas perciben entre $220 y $240, cobrando incluso a plazos.
• Precio justo: Según el contador, con una rentabilidad mínima del 30%, el productor debería estar cobrando $508.

"Incluso los productores más eficientes están vendiendo por debajo de sus costos. Esto no es una crisis de mercado natural, es un mercado oligopsónico: muchos vendedores (productores) y muy pocos compradores (industria) que imponen condiciones de miseria", disparó Castro.

La mentira del "sin crisis" y la transferencia de recursos

El diputado del PAYS cruzó duramente a los referentes de La Libertad Avanza en Misiones, quienes sostienen que el sector vive un momento de bonanza por las exportaciones.

"Hablan desde las cuatro avenidas de Posadas y no recorren las chacras. Dicen que el precio en góndola bajó en términos reales, y es cierto, pero al productor le pagan nominalmente menos que en diciembre de 2023, mientras que el consumidor paga más", explicó.

Según datos del INDEC citados en la entrevista, la yerba en góndola pasó de $2,300 a promediar los $4,400, una diferencia que no llegó al eslabón primario.

¿Quién se queda con la diferencia? Para Castro, la respuesta es clara: la industria concentrada.

Dos empresas (Las Marías y Playadito) concentran el 40% de la compra de materia prima.

Mientras los secaderos y productores están en quiebra, los grandes molinos anuncian inversiones multimillonarias.

La inacción política y el rol del INYM

La nota también abordó la reciente parálisis del INYM. Castro criticó la postura de ciertos sectores que, dentro del directorio del instituto, votaron en contra o se abstuvieron de crear una "pizarra de precios testigos" para transparentar el mercado.

Especial mención tuvo el gremio UATRE, al que acusó de "representar al patrón en vez de a los trabajadores", tras su abstención en medidas que beneficiarían a los tareferos.

Cabe recordar que el precio oficial de cosecha para el tarefero debería ser de $79 por kilo, una cifra que los pequeños productores, asfixiados, no pueden pagar.

El reclamo a la provincia

Finalmente, Cristian Castro subrayó que, aunque la responsabilidad principal es del Gobierno Nacional por desregular la actividad, la provincia de Misiones ha reaccionado tarde.

"Presentamos tres proyectos de ley desde febrero de 2024 para que la provincia tome las riendas y proteja al sector, pero están cajoneados en la Legislatura", denunció.

El próximo lunes, productores se reunirán en Posadas para exigir medidas urgentes, ante lo que consideran un "modelo de exclusión" que solo favorece a los grandes capitales.

"Ni con un Excel en la mano hay forma de que los números den positivo para el productor misionero bajo este esquema", concluyó.

Les invitamos a continuación a ver y compartir la entrevista.